La reconsideración a ser planteada en sesión plenaria prevista para el lunes, resulta viable teniendo en cuenta que la terna aún no fue remitida a la Corte Suprema de Justicia, instancia a la que le corresponde la designación para el cargo entre los tres postulantes, la acusada Ilsa Paredes, el titular Isidro Espínola Martínez y María Estela Patiño Galeano, 

“Este lunes personalmente yo voy a pedir la reconsideración de esa terna antes de remitir a la Corte, y tenemos antecedentes al respecto de casos en que por  algún hecho nuevo como en este caso la acusación se pueda reconsiderar y creo que los compañeros van a tener en cuenta”, informó en contacto con El Observador Radio TV.

Antecedentes

Durante el tratamiento de la terna ─en la sesión del 3 de noviembre─ para el cargo de Juez de Paz de San Alberto – Circunscripción Judicial de Alto Paraná (Cod. 4376) El presidente del órgano, Gerardo Bobadilla, fue quien propuso la terna seleccionada, conformada con el titular del cargo, Isidro Espínola Martínez, María Estela Patiño Galeano, y al momento de proponer a Ilsa Marisela Paredes, abogada independiente, la destacó por ser alumna distinguida.

Su propuesta fue aprobada por todos los miembros del Consejo sin mención alguna a sus antecedentes, con excepción del ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, quien planteó al titular del cargo, con los postulantes Celso Luis Díaz Díaz y Myriam Mercedes león Barreto, sin embargo, su terna solo contó con la adhesión del consejero Gustavo Miranda.

La Abg. Ilsa Marisela Paredes fue imputada y recientemente acusada por formar parte del equipo jurídico que presuntamente operaba bajo el liderazgo de José María Ljubetic, el principal sindicado en la estafa de USD 1.600.000 contra colonos de San Pedro por la venta irregular de tierras del Indert.

Según la denuncia presentada por las víctimas, conocieron a Ljubetic en 2017, quien se presentó como profesional para gestionar la adquisición de unas 8.000 hectáreas de tierra fiscal en el Chaco, e integró a Paredes y a otros profesionales a su equipo de gestión.

La función de Paredes era supuestamente llevar adelante los trámites de adquisición ante el Indert, un proceso por el cual los denunciantes pagaron la millonaria suma.

El Observador