El requerimiento responde a la inacción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para cancelar los registros de cuatro profesores que admitieron haber utilizado títulos falsificados de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) y que ya fueron condenados por la Justicia en esta causa. Con los diplomas apócrifos, los implicados se postularon a un concurso público de oposición para acceder a rubros en escuelas públicas en el 2023.
“En ese sentido, se le recuerda al señor ministro, que con relación a los docentes, el registro de título y otorgamiento de la matrícula docente es un acto administrativo por el cual el MEC, certifica ante la sociedad la aptitud académica de un ciudadano, a través de la Dirección de Matriculación, Certificación Documental y Escalafón, dependiente de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal”, apunta el pedido firmado por la fiscala Teresa Sosa.
También piden informes sobre si la cartera educativa ya procedió a la exclusión de estas personas condenadas del sistema de registros oficial, el Sigmec (Sistema Integrado para la Gestión del MEC).
“Informe si las personas han sido excluidas del Sistema Informático denominado SIGMEC, a fin de que se les imposibilite concursar a cargos en calidad de docente ante el MEC. En caso positivo, remita la documentación que acredite dicho extremo”, dice la nota.
Los procesados cuyas matrículas docentes la Fiscalía pide anular:
- Alba Mariela Caballero Paiva
- Alicia Silva Medina
- Alcides Ditrich Cabrera
- Ana Gabriela Leguizamón Villagra
En el marco de la causa penal, Alba Mariela Caballero Paiva y Alicia Silva Medina fueron acusadas por la Fiscalía tras admitir haber presentado documentación no auténtica. Ante esta confesión, el Juzgado Penal de Garantías N° 11 les otorgó la suspensión condicional del procedimiento por un periodo de 12 meses.
La fiscala Teresa Sosa, su asistente Gabriela Sosa y el perito informático del Ministerio Público, Sergio Salinas se constituyeron en el MEC.
En el caso de Caballero Paiva, a través del Auto Interlocutorio N° 301/2026, se le fijó además la obligación de reparar el daño patrimonial mediante el pago de G. 16.379.356, fraccionados en 12 cuotas, mientras que para Silva Medina (Auto Interlocutorio N° 405/2026), se estableció una reparación del daño social, pero en el documento no se precisa el monto exacto, ni las medidas específicas impuestas para dicho concepto.
Dos condenados recibieron penas privativas de libertad
Alcides Ditrich Cabrera y Ana Gabriela Leguizamón Villagra recibieron el sobreseimiento definitivo en esta causa particular por parte del mismo juzgado, debido a que ya contaban con condenas previas por estos mismos hechos. Ditrich Cabrera fue condenado en julio de 2024 a 2 años de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución, mediante procedimiento abreviado por producción de documentos no auténticos y de contenido falso.
Mientras que Leguizamón Villagra recibió una condena similar de 1 año de prisión en septiembre de 2024. Dado que en los cuatro casos se probó la falsedad de los títulos y la comisión de los delitos, es que la Fiscalía insiste al MEC la anulación definitiva de sus matrículas y su exclusión del sistema educativo.
La fiscala Sosa explicó que estas cuatro personas no están actualmente en aula, por lo que la exclusión del sistema y la anulación de sus matrículas no afectará el desarrollo de clases de ningún niño. Se desconoce, no obstante, en qué dependencias del MEC se desempeñan actualmente.
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