Con ello ordenó un nuevo juicio oral por la compra irregular de tierras de San Agustín que causó perjuicio de G. 60 mil millones al Estado.

Ambos procesados, al decir de los argumentos de la anulación, tuvieron responsabilidad en los actos irregulares en que se los acusa.

El fiscal Rodrigo Estigarribia sostiene que hubo un perjuicio patrimonial de 60 mil millones de guaraníes, ya que el Indert compró tierras de la firma, que no son aptas para la reforma agraria. Alega que se duplicó de 5 a 10 millones la hectárea, lo que duplicó el precio inicial.