Unas de las comunas que están bajo lupa es la de Acahay, en donde el titular comunal, Alcides Sosa, está acusado por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso.

La pesquisa de la Contraloría apunta a desvelar el destino de 4.500 millones de guaraníes, los cuales no tiene respaldo documental.

En el caso de Alba Acevedo, intendente de Quindy, la acusación habla de malversación de fondos comunales.

Gastos y supuestas inversiones, sin documentación respaldatorias, además de falta de rendición de cuentas a la Junta Municipal, conforma parte de las acusaciones que investiga la Contraloría.

En el expediente de Luciano Cañete, intendente de Carapegua, las irregularidades que se le atribuyen van desde desvío de fondos, falta de documentación en supuesta construcción de obras y malversación.

Según la denuncia de los concejales que rechazaron su balance, el monto de las irregularidades asciende a 8.500 millones de guaraníes.