La acusación a cargo de la fiscala Carolina Gadea, fue probada durante el juicio oral y público que se suspendió en diez oportunidades, durante año y medio de intentos, a causa de los incidentes dilatorios.

Los antecedentes revelan que el 12 de diciembre de 2016, el hoy condenado Reinaldo Darío Poletti Torres, en su calidad de despachante recibió la suma de US$ 300.000 de la firma FC FREE SA, a los efectos de realizar las diligencias comerciales y profesionales de servicio de despachos aduaneros, para gestionar y liberar mercaderías (receptores de televisor) de la aduana zona franca – Paraguay y entregar los bienes para su comercialización a la víctima.

Sin embargo, el referido despachante, no cumplió con la orden otorgada y se apropió del dinero de la firma (la suma de US$ 300.000), que le fue entregado en confianza para darle un uso determinado, en este caso, realizar los despachos que se le encomendó, lo cual no ha realizado. Posteriormente, y ante la insistencia de los representantes de la firma a que devuelva el dinero, el acusado Reinaldo Darío Poletti reconoció que se le entregó la suma de dinero, mediante acuerdo celebrado en fecha 18 de enero de 2017, comprometiéndose a su devolución, habiendo firmado un pagaré por ese valor y manifestó en varias oportunidades que iba a devolver, lo que hasta la fecha no lo hizo. Ocasión así un perjuicio patrimonial a la víctima, en razón que el mismo tuvo que contratar y abonar a otro profesional, quien se encargó de realizar las gestiones de despacho y liberar las mercaderías (receptores).

Durante el juicio oral, se probaron todos los hechos acusados por la fiscalía y la querella adhesiva quienes lograron así una condena para el acusado.

Se debe resaltar que Poletti había presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte, en el marco de la causa que se le siguió y que aún está pendiente de resolución en la máxima instancia judicial.

El Observador