La Procuraduría General de la República (PGR) defendió la validez de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Salud, argumentando que Imedic incumplió con las especificaciones técnicas y los registros sanitarios de los bienes proveídos.

Para el Ministerio de Salud, las actas de verificación detectaron que los bienes entregados no correspondían a los ofertados y adjudicados. Finalmente, se logró una resolución favorable a las pretensiones del Estado paraguayo, que permitió ahorrar más de G. 47 mil millones.

El Tribunal de Cuentas rechazó la demanda de Imedic y confirmó las resoluciones impugnadas, considerando que los actos administrativos estaban ajustados a derecho y no se comprobó la vulneración de derechos administrativos.