La resolución fue explicada por la presidenta del tribunal, la juez Adriana Planás, quien sostuvo que el recurso presentado por la defensa no cumplió con los requisitos de fundamentación exigidos por el Código Procesal Penal. Según señaló, el planteamiento se limitó a reiterar argumentos que ya habían sido analizados y resueltos por el tribunal al momento de estudiar los incidentes.

Durante la exposición, la magistrada indicó que la defensa había sostenido diversos cuestionamientos, entre ellos supuestas vulneraciones al derecho a la defensa, falta de control técnico en determinadas diligencias, dudas sobre la integridad de la cadena de custodia de algunas evidencias, ausencia de traducción oficial en ciertos documentos y falta de precisión en la descripción de los hechos contenidos en la acusación.

No obstante, el tribunal concluyó que tales argumentos ya habían sido examinados y resueltos en decisiones anteriores. En ese sentido, la juez explicó que el recurso de reposición no constituye una instancia para reiterar planteamientos ya tratados, sino que exige que la parte recurrente formule una crítica concreta y razonada respecto a los fundamentos de la resolución cuestionada.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la defensa se limitó principalmente a citar disposiciones de la Constitución Nacional y del Código Procesal Penal sin desarrollar de manera específica cuál habría sido el error jurídico o fáctico atribuido al tribunal. Para el colegiado, esa forma de argumentación no satisface los requisitos formales que exige la normativa procesal para que prospere un recurso de reposición.

En cuanto a uno de los puntos discutidos, relativo a la prueba número 53, la magistrada aclaró que la decisión adoptada fue diferir su tratamiento conforme a las facultades previstas en el art. 318 del Código Procesal Penal. En ese contexto, señaló que no existe agravio actual para la defensa, dado que la prueba aún no fue ni admitida ni excluida y su análisis será realizado en el momento procesal oportuno.

Finalmente, el tribunal resolvió mantener en todos sus términos las decisiones adoptadas previamente al resolver los incidentes planteados por la defensa, lo que permite la continuidad del juicio oral en el que se analizan los hechos atribuidos al exministro.