Los defensores cuestionaron la forma en la que Trump emplea la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que le faculta a tomar decisiones extraordinarias en tiempos de guerra, facultándole las deportaciones sin los procesos habituales.

Esta ley, destinada para tiempos de guerra, fue invocada por la administración Trump para justificar deportaciones rápidas de supuestos integrantes de bandas armadas sin ofrecer pruebas ni garantías legales. La decisión del Supremo, apoyada por siete de los nueve magistrados, establece que los inmigrantes deben tener la posibilidad de impugnar su deportación.

La medida responde a una apelación de emergencia presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que argumentó que los detenidos no habían recibido notificación adecuada ni oportunidad para impugnar su expulsión. El Tribunal ordenó que no se realicen deportaciones hasta nueva orden, permitiendo que los inmigrantes permanezcan en Estados Unidos mientras se resuelve el caso en tribunales inferiores.

Esta es la cuarta vez en la historia de EE. UU. que se invoca la Ley de Enemigos Extranjeros, la última durante la Segunda Guerra Mundial. Las juezas progresistas criticaron enérgicamente la medida por tratarse de una aplicación ilegal de la ley, ya que no existe guerra entre EE. UU. y Venezuela, y advirtieron sobre los riesgos autoritarios de este tipo de acciones sin control judicial.

El caso ahora queda en espera de resolución por parte del Tribunal del Quinto Circuito.