“Una vez en el lugar, tras aplaudir varias veces, no fui atendida por nadie, por lo que procedí a adherir el duplicado de la cédula al portón principal”, señaló en su informe. El caso se encuentra a cargo de la fiscala Karina Caballero.

La referida Ujier está imputada por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (artículo 250 del Código Penal), en calidad de autora y prevaricato (artículo 305 del CP) en carácter de cómplice.

Según la descripción de la conducta de la funcionaria, la misma emitió certificaciones falsas de datos relevantes para la tramitación de juicios, que facilitaron resoluciones judiciales contrarias a derecho en favor de las partes actoras, de acuerdo a la imputación de la fiscala Caballero.

También se encuentran imputados el juez de paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, quien cuenta con dos procesos por la mafia de pagarés y está suspendido en sus funciones por la Corte a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que lo procesó por mal desempeño.

María Belén Cartes Berino, directora titular de la firma Presto SA y Gustavo Omar Cartes Araujo, presidente de la empresa también están imputados junto a varias otras personas que habrían formado parte del esquema criminal.

Los hechos investigados habrían tenido lugar entre 2020 y 2024, en la sede de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional.

Se presume que los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios del SNPP, podrían ser responsables de la comisión de hechos punibles consistentes en la apropiación indebida y el desvío de fondos pertenecientes a dicha Asociación.

En cuanto al ámbito judicial se presume que hubo violación del debido proceso, que salpica al juez Víctor Rodríguez, las actuarias Rosa del Pilar Lezcano y Gloria Isabel Morínigo, así como los ujieres Ingrid Prette y Fernando Cáceres. Todos habrían incurrido en graves irregularidades.

El Observador