Durante el allanamiento del departamento que alquilaba por G. 12 millones, la Fiscalía incautó, entre otros documentos, un recibo expedido a la firma Reimpex por G. 350.700.000 por “notificaciones varias” (voladoras) que supuestamente realizó a demandados por la firma por cobro de guaraníes. El Ministerio Público la investiga por producción de documentos públicos de contenido falso y cohecho (coima).

Los ujieres, de por ahora cinco juzgados de paz de la Capital auditados por la Corte, serían los primeros en ser imputados en la investigación abierta por el Ministerio Público en el caso denominado “mafia de pagarés”. Según las averiguaciones, se fortalecen los indicios contra estos funcionarios judiciales, que habrían fraguado notificaciones, para dejar sin defensa a los demandados por las empresas de cobranzas, cuyos abogados manejaban a su gusto y conveniencia los juzgados de paz. Están incluidos jueces, actuarios, ujieres y oficiales de justicia.

De hecho, que, en la propia auditoría de la Corte, se recomendó enviar los antecedentes a la Fiscalía, considerando que habría indicios suficientes de la comisión de hechos punibles en el caso de los ujieres. Empero, es imposible que el esquema criminal haya funcionado solo con la participación de los mismos.

OSTENTOSA FIESTA

Hace 15 días, los fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce allanaron un departamento alquilado por la ujier del juzgado de paz de la Recoleta, Ingrit Prette. En el lugar, encontraron e incautaron varios recibos, entre ellos uno por G. 350.700, expedido a la firma Reimpex. Había otros por montos de entre G. 100 millones, G. 70 millones, etc.

Durante este allanamiento, los fiscales no encontraron los expedientes que supuestamente fueron guardados en el departamento, pero si incautaron una cámara de seguridad, que mostró que tres días antes del procedimiento, dos personas retiraron en cartones y bolsas de hule lo que serían expedientes.

El seguimiento del caso permitió identificar a las personas y luego llegar a las oficinas de CARSA, en donde los fiscales encontraron 10 mil expedientes del juzgado de paz de la Recoleta, lo cual complicó seriamente la situación de la ujier Prette.

Los datos que llegan contra la funcionaria judicial indican que en mayo del año pasado realizó una ostentosa fiesta de 15 años a su hija, en un exclusivo local de Asunción, cuyo alquiler le habría costado más de G. 26 millones. A esta suma, se deben sumar alquiler de lujosos muebles, decoración, comida, postre, grupos musicales, etc.; lo cual habría significado un enorme gasta para la ujier, que con su salario de un poco más de G. 300 millones no va a justificar.

El Observador