En esa acción, Lula había sido acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación ilícita, todo apoyado en su supuesta injerencia en una licitación de la Fuerza Aérea Brasileña para la compra de 36 cazabombarderos, que se decantó en favor de la empresa sueca Saab, con sus aviones Gripen.