“Al analizar el recurso, el tribunal tuvo en cuenta que, como resultado de la ejecución del contrato, se desarrolló un medicamento sin análogos en el mundo, capaz de tratar enfermedades oncológicas independientemente del estadio de la enfermedad”, afirma.

Según la agencia de noticias rusa RIA Novosti, los documentos informan que el medicamento “Afotid” ya se está utilizando en el tratamiento de voluntarios y su seguridad supuestamente ha sido probada a través de estudios presentados ante el tribunal.

No existe información sobre este fármaco ni sobre su desarrollo en las publicaciones más prestigiosas de los círculos académicos y científicos.

Problemas de desarrollo

El desarrollo del medicamento fue parte de un proyecto entre el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia (Minpromtorg) y la empresa Lina M, con sede en la ciudad de Korolev, en la región de Moscú. Sin embargo, el proyecto se vio retrasado por los recurrentes recortes en la financiación de la investigación.

En 2014, el Ministerio solicitó la rescisión del contrato estatal, por un valor de unos 150 millones de rublos (unos R$ 8,5 millones), destinado a actividades de investigación y desarrollo (I+D).

Además, el Minpromtorg exigió a la empresa la devolución de más de 117 millones de rublos (unos R$ 6,6 millones) en pagos anticipados injustificados, así como más de 80 millones de rublos (unos R$ 4,5 millones) en intereses por el mal uso de fondos públicos.

El Ministerio afirmó que el retraso en el proyecto de I+D había superado los seis años y que no se había obtenido un resultado valioso para el consumidor.

En noviembre, el Tribunal de Arbitraje de Moscú rescindió el contrato y ordenó a la empresa devolver 117 millones de rublos (unos 6,6 millones de dólares), pero no le concedió intereses. Y ambas partes apelaron la decisión.

La instancia de apelación redujo el monto de la devolución a 14 millones de rublos (aproximadamente R$ 790 mil), reconociendo los motivos de retraso alegados por la empresa.

Según la empresa, el registro para los ensayos clínicos se concedió un año tarde. Las pruebas fueron suspendidas posteriormente por falta de voluntarios, debido a la prohibición de reclutar personas durante la pandemia.

Finalmente, las sanciones impuestas a Rusia en el conflicto con Ucrania obligaron a la empresa a desarrollar equipos nacionales, como un homogeneizador de partículas de polímero de alta presión.

Ante este escenario, el jurado concluyó que la compañía supuestamente había desarrollado un fármaco de relevancia social y reconsideró el monto a devolver.