Según el informe de la Contraloría General de la República, tras la verificación realizada sobre el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional, “el Fonacide a más de 10 años de su implementación demostró ser completamente ineficiente”, que entre 2012-2022, arrojó un monto global de USD 1.044.292.695.

Señala que la Ley de “De alimentación escolar y control sanitario”, estableció que los recursos financieros para garantizar la alimentación escolar podrían provenir de: a) Presupuesto General de la Nación; b) De los royalties y compensaciones; c) Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo” (FONACIDE) y Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación; y, d) Otras Fuentes de Financiamiento.

Contraloría detalla que en el periodo que abarca el Ejercicio Fiscal 2012 hasta setiembre 2022, el entonces Ministerio de Hacienda transfirió recursos en concepto de “Alimentación Escolar” al MEC, a los Gobiernos Departamentales y a las Municipalidades por un importe total de USD 697.073.757. De este monto, unos USD 347,1 millones representan lo transferido a Gobernaciones (50% del total), y en torno a USD 175 millones cada uno recibieron los municipios (25%) y el MEC (25%).

Lo que destaca Contraloría es que la alimentación escolar en los municipios está en su totalidad financiada por lo que reciben en concepto de FONACIDE, mientras que en las Gobernaciones se cuenta con otras fuentes de financiamiento.

En cuanto al importe adjudicado en contrataciones de alimentación escolar en el periodo 2012-2022 por el MEC, Contraloría dice que encontraron 27 procesos por un monto global de USD 286 millones aproximadamente, para 847.743 estudiantes de escuelas oficiales, privadas subvencionadas, escuelas indígenas e inclusivas.

Las modalidades se implementaron en 3.969 escuelas. La principal modalidad de servicio de alimentación escolar fue la del catering de almuerzo o cena escolar (82%, seguido del desayuno/merienda escolar (18%) y la diferencia a cocinando en escuelas que solo se implementó en 2013).

Contraloría igualmente puntualiza que los 10 mayores proveedores adjudicados abarcan el 56% del importe de USD 1.044.292.695 correspondiente al total de las Contrataciones de Alimentación Escolar en todo el país durante la última década. Luego, fue verificada la documentación publicada en el SIPE (Sistema de Proveedores del Estado) de los 10 mayores proveedores señalados, y se constató que algunas firmas del ranking de 10 proveedores se encuentran vinculadas entre sí a través de socios.

En los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022, un total de 56 Municipalidades no han comunicado sus Llamados de Alimentación Escolar, a la DNCP, de acuerdo a la obligatoriedad de los mismos y a los Plazos Legales establecidos, lo cual equivale un importe total de adjudicaciones por USD 2,7 millones.

En los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022, un total de 24 Municipalidades cuentan con ID Inexistentes, según el Portal de la DNCP y Portal Datos Abiertos de la CGR, la cual equivale un importe total de adjudicaciones por USD 1,6 millones.

En los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022, un total de 6 Municipalidades cuentan con ID que no le corresponden a los mismos, según el Portal de la DNCP, equivalente en importe total de adjudicaciones por USD 345.8 mil.

Sobre el control a organismos Departamentales y Municipales, los relevamientos son resumidos en los siguientes puntos.

Falta de planificación oportuna o mala planificación para la convocatoria del llamado para la provisión del almuerzo escolar.

No se impulsaron gestiones coordinadas entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el MEC y la gobernación para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAEP).

En muchos casos, no hubo ejecución del presupuesto destinado al programa o bien, los municipios fueron incapaces de sostenerlo durante todo el año.

Falta de publicación en la página de la DNCP de los pagos efectuados a proveedores del PAEP, ni se efectuaron controles pertinentes en recepción de facturas, notas de remisión y actas de recepción.

En muchos casos, sobre todo en 2021, los municipios no realizaron la convocatoria correcta para la Adquisición de Kits de Alimentos no perecederos, habiendo realizado los procesos de convocatoria, adjudicación, y contratación en la modalidad de Catering cuando se debían convocar procesos licitatorios para adquisición de kits de alimentos teniendo en cuenta que la provisión de almuerzo escolar en las instituciones educativas no podía ejecutarse considerando que el MEC dispuso la suspensión de clases presenciales en las instituciones educativas de gestión oficial y privada subvencionada.

No se previó la provisión de Equipamientos y utensilios, incumpliendo los lineamientos establecidos para la implementación del PAEP y haciendo que las Instituciones Educativas, dentro de todas las necesidades con que cuentan, gestionaran por sus medios la obtención de equipos y utensilios temporales para poder preparar los alimentos, así como, el resguardo de los ingredientes y alimentos.

No se exigió a las firmas adjudicadas el cumplimiento de la cantidad de personal necesario para la elaboración del almuerzo establecido en el PBC, a través del administrador del contrato conjuntamente con los directores y/o encargados intervinientes en el proceso de ejecución contractual de las escuelas.

Se evidenció la falta de documentos que avalen el control o monitoreo por parte de la Administración Municipal en las Instituciones Educativas beneficiadas con la provisión del Kit de Alimentos, que permitan evaluar la conformidad de los beneficiarios finales y la calidad de los productos entregados.

Se comprobó la falta de presentación de los Formularios de Informe de Servicios Personales (FIS), de las personas vinculadas al cumplimiento del Contrato y el Formulario de Identificación del Personal (FIP) a la emisión del código de contratación en disconformidad al PBC, en las Condiciones Contractuales.

En los casos donde la contratación es por la Vía de la Excepción, se evidenció la falta de conservación de documentos que respalden los antecedentes y adquisiciones realizados.

Se evidenció también la existencia de diferencias pagadas de más, o de modificaciones contractuales que no fueron comunicadas a la DNCP.

Varios municipios no realizaron la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) o realizaron fuera del plazo y en otros casos no publican íntegramente, no se registraron en el SICP de la DNCP los pagos efectuados a los proveedores, contrataciones de obras sin las debidas comunicaciones y publicaciones de los llamados en todas sus etapas, contraviniendo los principios de transparencia y libre competencia.