Todo comenzó en 2015, cuando el Banco Central del Paraguay remitió una denuncia acompañada de un informe preliminar elaborado por sus interventores. Los hallazgos eran alarmantes: transferencias de grandes sumas basadas en operaciones simuladas, cheques sin fondos, pagarés presuntamente falsificados y una serie de vales apócrifos que, según los fiscales, fueron utilizados para encubrir faltantes millonarios en tres sucursales claves: Salto del Guairá, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero.

En el centro de la acusación aparece Carlos Hugo Sosa Palmerola, sindicado como instigador de las maniobras. Según la Fiscalía, aunque su cargo formal era el de asesor general de negocios, en la práctica fungía como jefe de mesa de dinero con influencia directa en la toma de decisiones. Habría colocado a personas de su confianza en cargos estratégicos, como Hugo Ortiz Barboza, jefe de mesa de cambio en la sucursal de Salto del Guairá, y Gustavo Vera Avalos, tesorero en la de Ciudad del Este.

La acusación sostiene que entre octubre y noviembre de 2014, se recibieron once cheques librados de cuentas de Rebeca Villalba, esposa de Cristiano Sasaki, por más de 512.000 dólares y 2.392.000 guaraníes, que fueron rechazados por insuficiencia de fondos. A pesar de ello, la financiera transfirió los fondos, presuntamente con autorización irregular de Ana Grzechota, auxiliar operativa. El faltante habría sido encubierto con vales de contenido falso a nombre de Néstor Araujo, Cristiano Sasaki y Sixto Quiñónez, por un total de 1.651.154 dólares.

En la sucursal de Ciudad del Este, los investigadores hallaron cinco pagarés vencidos —que no habían sido ejecutados ni reclamados— por un total de 6.111.346 dólares, contabilizados como efectivo. La Fiscalía atribuye esta maniobra a Gustavo Vera Avalos, quien habría utilizado los documentos para justificar el arqueo de caja, ocultando un enorme desfalco.

En Pedro Juan Caballero, en tanto, se descubrieron recibos de dinero en concepto de operaciones de cambio a nombre de personas que, según el Ministerio Público, nunca realizaron tales transacciones. La lista de nombres incluye a Clasir Scapini, Moisés Ferrer Gómez, entre otros, y el faltante estimado ronda los 5.735.000 dólares.

La abogada Sara Parquet, en representación de Sosa Palmerola, sostuvo que la causa está prescripta. “El Ministerio Público se ratifica en que el último acto de supuesta lesión de confianza se habría producido el 5 de noviembre de 2014. Desde entonces, han transcurrido 10 años, 8 meses y 15 días. El Estado no puede continuar con el ejercicio de la acción penal”, expresó ante la jueza.

La defensa cuestionó también el carácter atribuido a Sosa como instigador, alegando que la acusación lo describe con actos propios de un autor. “No hay una sola prueba que lo vincule directamente con las operaciones. Era asesor, no jefe de mesa, y tampoco tenía la condición de garante del patrimonio de la financiera”, argumentó. Incluso se planteó la nulidad de la acusación y la exclusión de pruebas, incluyendo un peritaje contable al que la defensa de Ana Grzechota alega no haber tenido acceso para control ni impugnación.

A su turno, la defensa de Grzechota también solicitó el sobreseimiento definitivo por prescripción, insistiendo en que su rol como auxiliar operativa no implicaba poder de decisión ni responsabilidad directa. Cuestionaron que las fechas de las operaciones que se le atribuyen varían entre la imputación y la acusación, y que esto vicia la acusación de nulidad absoluta.

Por su parte, el Ministerio Público, representado en esta etapa por los fiscales Jorge Arce y Verónica Valdez, se ratificó en todos los requerimientos acusatorios y solicitó que el caso sea juzgado. “Las pruebas respaldan cada imputación. Hubo una estructura y una mecánica fraudulenta que generó un daño económico irreversible”, manifestaron.

El Observador