Hasta el 13 de abril apenas 0,3 de cada 100 venezolanos -oficialmente- han logrado acceder a una vacuna. Entre las 98.000 personas que han recibido las dos dosis (mayoritariamente Sputnik 1) se encuentran Maduro, su círculo familiar, ministros, gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional, designada el 6 de diciembre de 2020.

Mientras la vacunación en Venezuela se limita -en su mayoría- al círculo de poder político y militar, crece el mercado negro de vacunación en los centros públicos dispuestos para atender a los pacientes con COVID-19 o para administrar vacunas a personal médico esencial.

Según los integrantes de la Academia de Medicina de Venezuela “una limitada cobertura de vacunación junto a nuevas olas epidémicas es el peor escenario epidemiológico con un virus altamente transmisible. Lamentablemente, ese es el escenario que vivimos actualmente en Venezuela. Transitamos una segunda ola epidémica como consecuencia inmediata del aumento sostenido de la movilidad que se ha dado desde diciembre e intensificada durante el carnaval después de haber decretado una flexibilización sin criterios epidemiológicos”.

Ni siquiera a través del mecanismo de COVAX se ha logrado entregar vacunas a los venezolanos. COVAX está codirigido por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo.

A través de COVAX los países -especialmente pobres o en vías de desarrollo- pueden tener garantizado el acceso a 20% de las vacunas necesarias para su población.

Sin embargo, durante semanas -justamente las de mayor tasa de letalidad por coronavirus en Venezuela- el régimen de Maduro complicó cualquier tipo de negociación para poder acceder a COVAX, mientras prometía a los venezolanos recuperaciones milagrosas con medicamentos caseros o no comprobados, dados como efectivos para tratar las consecuencias del COVID-19, como el carvativir.

En relación con esta recomendación, Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, ha advertido reiteradamente que el carvativir (un principio activo que está constituido por derivado del tomillo) no es un medicamento que esté comprobado para combatir el COVID-19 como sostiene Maduro.

Además de las curas milagrosas que promociona, Maduro centra su estrategia de salud en la aprobación de las candidatas a vacuna desarrollas en Cuba: Soberana 02 y Abdala, que en el mejor de los casos pueden estar en etapa de producción en el mes de junio, para usarlas mayoritariamente en Venezuela, durante el segundo semestre del año.

Venezuela se suscribió al mecanismo de Covax en septiembre de 2020 para garantizar el acceso a 11.374.400 dosis totales de vacunas contra el coronavirus.

Sin embargo, hasta el 1 de abril el régimen de Maduro no había realizado los pagos necesarios para tener acceso a las vacunas. La excusa constante del chavismo en este caso fue culpar a las sanciones internacionales por no poder disponer del dinero o por entorpecer los mecanismos de pagos.

Sin embargo, después de un acuerdo preliminar con el Gobierno Interino de Juan Guaidó para que este pagara la suscripción a Covax, Maduro anunció que no permitiría que al país ingresaran vacuna de Astra Zeneca (las que facilita el mecanismo Covax en este momento) y prefería obtener la vacuna rusa (Sputnik 1 que no se usan en el mecanismo Covax).

En total Venezuela debe pagar 119.999.920 dólares a Gavi. 50% de este pago lo realizó el régimen de Maduro la semana pasada, sin especificar el origen de los fondos. De esta transacción solo se conoce que el régimen desembolsó 59.2 millones de francos suizos (equivalentes a 64 millones de dólares".

“Los otros 60 millones de dólares requeridos para el mecanismo Covax ya están garantizados y en su oportunidad, cuando corresponda, Venezuela también va a cancelar este monto", sostuvo la semana pasada la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

No obstante, mientras el régimen de Maduro hace promesas, el colapso sanitario del país avanza. Según la organización no gubernamental Monitor Salud, en el área de emergencia de 29 hospitales de la región central de país, la dotación de tapabocas es insuficiente en 59 %, no hay en 28 % y es suficiente en apenas 13 %.

Por otra parte, en el área de hospitalización la dotación de guantes es insuficiente en 48 % y no hay en 35% de las áreas de hospitalización.

En este sentido los integrantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela alerta que el sistema de salud venezolano se encuentra en su límite de capacidad, lo que requiere que la pandemia “sea manejada siguiendo los criterios técnicos y científicos aceptados por la comunidad internacional, en especial la OMS”.

Por esta razón exigieron que un plan de vacunación nacional “debe contar con una hoja de ruta transparente que incluya la definición, con criterios exclusivamente técnicos, de los grupos de población prioritarios; un programa de adquisición de vacunas de comprobada efectividad y aceptadas por la OMS, un calendario realista de vacunación, y el comienzo inmediato de su aplicación”.

Venezuela se suscribió al mecanismo de Covax en septiembre de 2020 para garantizar el acceso a 11.374.400 dosis totales de vacunas contra el coronavirus.

Sin embargo, hasta el 1 de abril el régimen de Maduro no había realizado los pagos necesarios para tener acceso a las vacunas. La excusa constante del chavismo en este caso fue culpar a las sanciones internacionales por no poder disponer del dinero o por entorpecer los mecanismos de pagos.

Sin embargo, después de un acuerdo preliminar con el Gobierno Interino de Juan Guaidó para que este pagara la suscripción a Covax, Maduro anunció que no permitiría que al país ingresaran vacuna de Astra Zeneca (las que facilita el mecanismo Covax en este momento) y prefería obtener la vacuna rusa (Sputnik 1 que no se usan en el mecanismo Covax).

En total Venezuela debe pagar 119.999.920 dólares a Gavi. 50% de este pago lo realizó el régimen de Maduro la semana pasada, sin especificar el origen de los fondos. De esta transacción solo se conoce que el régimen desembolsó 59.2 millones de francos suizos (equivalentes a 64 millones de dólares".

“Los otros 60 millones de dólares requeridos para el mecanismo Covax ya están garantizados y en su oportunidad, cuando corresponda, Venezuela también va a cancelar este monto", sostuvo la semana pasada la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

No obstante, mientras el régimen de Maduro hace promesas, el colapso sanitario del país avanza. Según la organización no gubernamental Monitor Salud, en el área de emergencia de 29 hospitales de la región central de país, la dotación de tapabocas es insuficiente en 59 %, no hay en 28 % y es suficiente en apenas 13 %.

Por otra parte, en el área de hospitalización la dotación de guantes es insuficiente en 48 % y no hay en 35% de las áreas de hospitalización.

En este sentido los integrantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela alerta que el sistema de salud venezolano se encuentra en su límite de capacidad, lo que requiere que la pandemia “sea manejada siguiendo los criterios técnicos y científicos aceptados por la comunidad internacional, en especial la OMS”.

Por esta razón exigieron que un plan de vacunación nacional “debe contar con una hoja de ruta transparente que incluya la definición, con criterios exclusivamente técnicos, de los grupos de población prioritarios; un programa de adquisición de vacunas de comprobada efectividad y aceptadas por la OMS, un calendario realista de vacunación, y el comienzo inmediato de su aplicación”.

El acceso de Venezuela a 11.374.400 dosis totales de vacunas contra el COVID-19 no resuelve el problema de fondo. A la fecha, no existe un Plan de Vacunación que garantice la cadena de frio que necesitan las vacunas (varía dependiendo del fabricante) y que evite que las dosis terminen en el mercado negro.