Realizó 18 presentaciones supuestamente dilatorias, entre incidentes, recursos y excepciones. Los políticos procesados por corrupción pública se burlan de los ciudadanos gracias a una justicia complaciente con los delincuentes de “guante blanco”.

En el marco de la presente causa, la jefa comunal, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, tiene pendiente de realización la audiencia preliminar, los demás acusados se encuentran procesalmente de la siguiente manera: 

Cristian David Cristian Fernández (tesorero de la Municipalidad), Carlos Samudio Sánchez, Aníbal Samudio Sánchez, Sergio Ariel Flecha Fernández, Maglio Cesar Nelson Muñoz Díaz, Verónica Acosta Cantero (exsecretaria General de la Municipalidad), pendiente de imposición audiencia de imposición de medidas y de audiencia preliminar. 

Adolfo Mendoza Álvarez, se encuentra pendiente la presentación de requerimiento conclusivo.

Mirtha Fernández promovió una serie de incidentes y recursos, cuestionando resoluciones de admisión de imputaciones, señalamientos de audiencias, y otras decisiones del Juzgado Penal de Garantías y la Cámara de Apelaciones.

El primer planteamiento se dio el 22 de abril de 2022, cuando su defensa, ejercida por los abogados Nelson Núñez y Rubén Rojas, interpuso un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la providencia que admitió la imputación (18/04/2022). El Juzgado rechazó el planteo por A.I. N.º 281 del 25 de mayo, decisión confirmada por la Cámara mediante A.I. N.º 119 del 18 de agosto de 2022.

El 30 de julio de 2022, la misma defensa apeló el A.I. N.º 387 del 25 de julio que rechazó un incidente de nulidad, y nuevamente la Cámara confirmó el rechazo mediante A.I. N.º 205 del 17 de agosto de ese año.

Posteriormente, el 6 de febrero de 2023, se presentó una reposición contra la admisión de una segunda imputación, formulada mediante providencia del 1 de febrero. El recurso fue rechazado por el Juzgado a través del A.I. N.º 80 del 14 de febrero, y la Cámara confirmó la decisión, declarando inadmisible la apelación en A.I. N.º 49 del 20 de marzo de 2023.

El 27 de marzo de 2023, Fernández interpuso recurso de reposición y apelación contra la providencia que fijó fecha para audiencia preliminar. Este recurso fue rechazado por el Juzgado en A.I. N.º 162 del 4 de abril y declarado inadmisible por la Cámara en A.I. N.º 71 del 18 de abril del mismo año.

Con nueva representación legal — abogados Javier Lezcano, Carlos González y Raquel Acuña—, el 13 de marzo de 2024, Fernández promovió reposición contra una providencia que difería el tratamiento de un incidente de nulidad. El pedido fue rechazado por el Juzgado en A.I. N.º 91 del 15 de marzo, y la Cámara confirmó el rechazo mediante A.I. N.º 55 del 1 de abril.

En esa misma línea, Fernández presentó recursos sucesivos: el 3 de abril apeló el A.I. 55, siendo rechazada por A.I. 63 del 12 de abril; luego, el 16 de abril, apeló esta última resolución, también rechazada por A.I. 71 del 23 de abril. Finalmente, el 24 de abril planteó aclaratoria contra este último fallo, declarada inadmisible mediante A.I. 120 del 2 de octubre. 

El 17 de junio de 2024, Fernández volvió a recurrir la resolución que fijó audiencia preliminar mediante recurso de reposición y apelación. El Juzgado lo rechazó por A.I. N.º 227 del 19 de junio, decisión confirmada por la Cámara en A.I. N.º 27 del 27 de febrero de 2025. Posteriormente, apeló esta resolución el 5 de marzo de 2025, pero la Corte Suprema declaró inadmisible por A.I. N.º 198 del 14 de abril.

Además, el 17 de julio de 2024, la defensa promovió un incidente de nulidad contra un auto de elevación de la causa atribuido a otra persona, alegando falta de legitimación activa. El planteo fue rechazado por A.I. N.º 280 del 29 de julio. Este rechazo fue apelado el 2 de agosto, siendo la apelación declarada inadmisible por la Cámara mediante A.I. N.º 116 del 18 de septiembre. 

El 7 de octubre, Fernández planteó una excepción de inconstitucionalidad contra ese fallo, que fue desestimada por la Cámara al no estar prevista dicha vía para resoluciones judiciales, según providencia del 9 de octubre. También promovió recusación contra el pleno de la Cámara, rechazada por la Corte Suprema por A.I. N.º 749 del 26 de diciembre de 2024.

Por último, el 6 de marzo de 2025, recusó al juez penal de garantías, incidente que fue rechazado por la Cámara en A.I. N.º 43 del 12 de marzo. La apelación contra ese rechazo, presentada el 14 de marzo, fue declarada inadmisible por la Corte Suprema mediante A.I. N.º 220 del 25 de abril, por carecer la Sala Penal de competencia para entender en recusaciones contra jueces de primera instancia, conforme al artículo 39, inciso 3, del Código Procesal Penal.

RECURSOS PENDIENTES 

Los acusados Sergio Flecha Fernández y Verónica Acosta Cantero, representados por el abogado Edgar Valiente Báez, recusaron el 2/06/2025 al juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia, lo que se encuentra aún pendiente de resolución, hecho que traba la causa. 

Además, la defensa también recusó el 5/06/2025 a los miembros del Tribunal de apelaciones en lo penal especializado en delitos económicos y crimen organizado – primera sala, motivo por el cual no puede estudiarse la recusación al juez de la causa. 

ANTECEDENTES 

Mirtha Elizabeth Fernández, intendenta de la ciudad de Valenzuela y otras once personas por lesión de confianza, asociación criminal y otros hechos, a raíz de obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente, que causaron un perjuicio de G. 1.199.305.432.

La exjefa comunal fue acusada por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, al igual que Cristhian David Flecha Fernández, tesorero de la Comuna. 

Por los hechos punibles de lesión de confianza en carácter de cómplice, y asociación criminal, fueron acusados: Elvis Ramón Balbuena López, fiscalizador de Obras; María Liz Fleitas, representante de la firma MLF Constructora y Proyectos; Blásido Albino Candia, representante de BC Constructora; Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez. También Sergio Ariel Flecha Fernández, Maglio Cesar Nelson Muñoz Díaz e Inocencio López. 

En tanto Verónica Acosta y Silvia Espínola, quienes se desempeñaron como Secretaria General del Municipio en distintos periodos, están acusadas por producción de documentos no auténticos, lesión de confianza en carácter de cómplice, declaración falsa y asociación criminal.