El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, quedó en el centro de cuestionamientos tras la rendición de viáticos correspondientes a un viaje oficial a España, realizado entre el 6 y el 17 de marzo, donde presentó el programa Che Róga Porã.

Según los documentos, el secretario de Estado percibió un total de G. 45.390.010 en concepto de viáticos. A su regreso, devolvió G. 22.806.041 y presentó comprobantes por montos superiores a los finalmente utilizados para justificar el gasto, ya que solo imputó formalmente G. 13.505.967. Asimismo, se acogió a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 6511/2020, que permite no rendir hasta el 20% de los viáticos, equivalente en este caso a G. 9.078.008.

El punto que genera dudas radica en la coincidencia entre ese porcentaje no documentado y los gastos asociados a su estadía. En las facturas de los hoteles Barceló Torre de Madrid y Gran Hotel Miramar figuran servicios para dos personas, lo que indica la ocupación de habitaciones dobles durante la misión oficial, según publican desde medios locales.

Baruja argumentó que la diferencia correspondiente a su acompañante fue cubierta con recursos propios, detallando un desembolso de G. 9.369.254. Sin embargo, este monto es cercano al 20% de viáticos que decidió no documentar, lo que plantea interrogantes sobre la correspondencia entre ambos conceptos.

Además, durante las mismas fechas y en los mismos destinos se constató la presencia de su pareja, la periodista Susan Paradeda, lo que añade otro elemento al análisis sobre el uso y la rendición de los recursos públicos asignados para la misión oficial.

El caso reabre el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en el uso de viáticos por parte de autoridades, especialmente en situaciones donde la normativa permite márgenes de discrecionalidad en la rendición de gastos.