El subsecretario de Estado explicó que la normativa, tal como está formulada en la actualidad, no establece los mecanismos para filtrar a aquellos estudiantes provenientes de sectores más pudientes, que también gozan del provecho de una educación gratuita.

Además comentó que con el “arancel cero” se saca recursos que las universidades empleaban en financiar cursillos, equipamiento de laboratorios y contratación de investigadores.