La Asociación Espíritu Santo volvió a exigir a la Procuraduría General de la República que impulse acciones judiciales para anular la transferencia de unas 310.000 hectáreas del Chaco a cuatro empresas offshore.
El abogado Francisco José de Vargas Benítez, representante de la organización, presentó el pedido el 16 de noviembre, bajo el expediente N.º 2026-12001004-004614, reiterando una solicitud del 13 de octubre. La institución está actualmente a cargo de Samuel Tadeo Rojas Caballero, quien asumió el 10 de noviembre.
De Vargas solicitó promover las acciones de nulidad previstas en el artículo 8 de la Ley N.º 2532/05, de Seguridad Fronteriza, contra las transferencias realizadas mediante la Sentencia Definitiva N.º 494/2018.
Como fundamento citó la Sentencia Definitiva N.º 384/2026, dictada el 18 de agosto en el proceso penal contra la exjueza Tania Irún. El Tribunal señaló que la magistrada vulneró el artículo 4 de la ley al ordenar las transferencias sin verificar quiénes eran los accionistas de las empresas ni si sus acciones eran nominativas y no endosables.
La Asociación también reclamó el cobro de la multa prevista en el artículo 8, equivalente al doble del valor de la operación y cuyo acreedor es el Estado paraguayo, además de medidas cautelares para impedir nuevas transferencias o gravámenes sobre los inmuebles.
GESTIÓN ANTERIOR
Ante la Comisión Especial de Investigación de Hechos de Corrupción en el Indert, presidida por el senador Líder Amarilla, la organización informó que presentó doce notas ante la Procuraduría para advertir sobre la presunta violación de la legislación fronteriza.
De Vargas sostuvo que Marco Aurelio González conocía el caso desde agosto de 2023, cuando estaba al frente de la institución, pero no impulsó acciones para cuestionar las transferencias.
González fue designado por Santiago Peña en 2023. En julio de 2025, el presidente anunció su propuesta para incorporarlo al directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). Antes de dejar la Procuraduría, el exfuncionario designó a Rubén Elidio Gaona como encargado de despacho, mediante una resolución cuestionada constitucionalmente.
Actualmente, González está imputado y cumple prisión preventiva en el marco de la investigación del caso Ueno Bank, por presuntos hechos de lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.





