El Tribunal resalta el testimonio de Alejandro Vargas, dueño de una serigrafía que hacía trabajos para la condenada Nancy Núñez, a quien entregó su talonario de facturas. Cuando tuvo problema en la SET, se enteró que expidió facturas por G. 499.750.580 a la gobernación, por trabajos que no realizó. Le llamó Rubén Roussillón, esposo de Nancy y actual diputado por ANR, pero nunca le atendió.

Las magistradas explican que los hechos acreditados para condenar a los exgobernadores Oscar Núñez, a 11 años, y Emigdio Benítez a 7 años y medio de cárcel por lesión de confianza y administración en provecho propio, se basaron en testimonios, documentos, extractos de cuentas bancarios, informes de Tributación, Contraloría, alrededor de 900 cheques librados contra la cuenta de Gobernación, etc.

Los hechos que hemos dado por acreditados, se basan no solo en testimonios, se basan en documentos, extractos de cuentas bancarios, informes de la SET, facturas contables, informes de bancos, de la Contraloría, como el reporte CGR/2013, informes del Ministerio de Hacienda respecto a los montos desembolsados a la Gobernación de Presidente Hayes, informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas respecto al contrato con Copetrol, informe del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, alrededor de 900 cheques librados contra la cuenta de la Gobernación cargo Banco Nacional de Fomento y fotocopias autenticadas de cheques, cargo Banco Familiar de la cuenta de la Gobernación, notas y denuncias de la Gobernación, órdenes de pago y resoluciones firmadas por los acusados, refiere el Tribunal en la sentencia por escrito.

“Es claro que este caso tiene las siguientes particularidades: toda la documentación contable de la gobernación, según hemos percibido, ha desaparecido. Nosotros no podemos decir si esto se hurtó o que fue lo que pasó, porque eso no es objeto de este juicio, pero por ello es que este juicio tiene la característica que el Ministerio Público tuvo que solicitar una cantidad de cheques y exhibir dichos cheques y preguntar a los testigos como fue el proceso de obtención, cobro o efectivización de los cheques girados contra las cuentas de la gobernación de Presidente Hayes y el destino del dinero obtenido”, agregan las magistradas en el fallo con relación al caso.

NO HAY DOCUMENTACIÓN

“Esto es tan inusual, porque precisamente no hay documentación. Y lo que ha valorado el Tribunal, es que estos cheques eran librados al portador, o a la orden de la gobernación o a la orden de la Secretaría de Acción Social o Asuntos Indígenas; o a la orden de personas que jamás prestaron servicios ni proveyeron vienes a la Gobernación, como los casos de Ale serigrafía, Emigdio Franco Rotela, por carrera de caballo; o como el caso de Aromita que presentó solo un servicio por G. 7.922409 o el caso de la señora Petrona Candia, que prestó servicios que le fueron pagados como provisión de gaseosas, etc.; pero por un monto muy inferior al que le era pagado con dinero de la gobernación por Nancy Núñez, por las bebidas proveídas a la Estación de Servicio de su familia, o el cheque girado contra la cuenta de la Gobernación depositados según extracto bancario en la cuenta privada del hermano del gobernador Núñez, que ni siquiera era funcionario. O los cheques librados al portador y entregado al chofer o al edecán del gobernador Núñez, o los cheques a nombre de Raúl Delgado y cobrado por este”, puntualizaron las magistradas.

“La defensa plantea lo siguiente: como no hay documentación contable, entonces no se puede probar el perjuicio patrimonial a la gobernación y afirman que el Ministerio Público quiere invertir la carga de la prueba, porque no estableció en que se gastó el dinero.

A este respecto, el Tribunal ha decidido y ha establecido el prejuicio patrimonial, no en base solamente a los cheques y las declaraciones testificales como tales, sino con base también a un cúmulo de elementos probatorios producidos en juicio y valorados por el Tribunal”, dice otra parte de la sentencia por escrito.

El problema es que no hay documentación contable, entonces, ¿cómo el Tribunal establece el monto del perjuicio?

La Fiscalía había calculado el perjuicio patrimonial con base a las transferencias hechas a la Gobernación por parte del Ministerio de Hacienda y así conforme a los informes estableció perjuicios por año y por el monto total de las transferencias, en los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

Las defensas, como hipótesis alternativa, han dicho: el total de lo transferido en todos los años, no puede ser el total del perjuicio para la Gobernación porque “lago se pagó, algo se compró”.

Efectivamente, el Tribunal respecto al perjuicio patrimonial, no sigue la argumentación de la Fiscalía, ya que como está consignado en los hechos probados el monto del perjuicio por año está establecido con base a los cheques librados y cobrados en las condiciones descriptas.

Vale decir, no estamos invirtiendo la carga de la prueba, no es que nosotros decimos que hubo G. 20.123.660.457 en transferencia en el año 2010 y no se sabe como y en que se gastó el perjuicio es de G. 20.123.660.457. Lo que nosotros hemos hecho es carga a una planilla Excel todos los montos de cheques y eso alcanza la suma de G. 6.838.548.160, en el año 2010. Es decir, si se transfirió G. 20.123.660.457, pero se sabe perfectamente que G. 6.838.548.160 se libraron en cheques que no tiene contraprestación alguna, establecemos que este es el perjuicio patrimonial en el año 2010 y así sucesivamente por año, tal y como lo tenemos descripto en los hechos probados.

Esto es así, porque hemos escuchado durante 10 meses a una gran cantidad de testigos que venían a declarar ¿Y que decían? “Si yo me iba, yo cobraba le cheque”,…Sí, el cheque era librado al portador y yo lo endosaba lo cobraba y luego le entregaba el dinero al gobernador Núñez o a los secretarios de administración y finanzas o a Humberto Arguello, en el así denominado Sistema OPACI.

CHEQUES PARA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En cuanto a los cheques librados por ejemplo, a la orden de la Secretaría de Educación, que estaba a cargo de la señor Blásida Giménez, quien también era parte de la comisión departamental Bicentenario, quien declaró ser secretaria de Educación de la Gobernación y que efectivizó ella misma o su esposo u otros funcionarios, cheques con los que según sus manifestaciones se pagaron por gastos de colegios o becas, etc. Puntualmente dijo que para el bicentenario se pagó muchísimo dinero por banderas para los festejos del Bicentenario. El Ministerio le preguntó como compró banderas en setiembre o diciembre si el bicentenario era en Mayo, respondió: “No lo que pasa es que todo el año se festejó”. El Tribunal concluye que estos gastos en realidad no existieron, contradicen las reglas de la lógica y la experiencia que se pagó por banderas con posterioridad a la fecha de celebración y que se haya invertido en estos gastos de dinero de la gobernación, en realidad más de G. 200 millones, porque en total sumados los cheques de Banco Familiar alcanzan la suma de G. 566.028.900. Esto es así porque los cheques cobrados por esta señor o su esposo, o por otros funcionarios o uno incluso librado a su nombre, no es creíble que hayan destinado al pago de banderas o los otros gastos por ella descriptos, puesto en una región en la que incluso tienen un terrible problema de escasez de agua, son gastos absolutamente irreales, justificar gastos inexistentes de manera tan burda es una falta de respeto.

SERIGRAFÍA

También se da el caso del testimonio de Alejandro Vargas, quien era dueño de la empresa denominada “Ale serigrafía”, y que realizaba trabajos de serigrafía a la señora Nancy Núñez. Explicó en juicio que había dado su talonario de facturas a la misma, porque le conoce bien al señor Rubén Roussillón, y que le llamó a Nancy y a su esposo, por que tuvo que anular el talonario y pagar una multa en la SET y que estos nunca le atendieron. No cobró cheques de la gobernación, porque no prestó servicios y que era Nancy Núñez la que tenía su talonario, que finalmente tuvo que anular. Los cheques con relación a esta empresa suma G. 499.750.580 y resulta increíble para el Tribunal que la gobernación pague en serigrafía ese monto, de marzo a noviembre de 2010.

Es decir, la suma de G. 6.838.548.160 en el año 2010, la suma de G. 15.548.229.080 en el 2012, la suma de G. 18.864.872.629 y la suma de G. 1.251.906.220 en el 2013 (que corresponde al último día del gobernador Oscar Núñez) y la suma de G. 10.246.270.080 del año 2013, que corresponde a la administración de Emigdio Benítez como gobernador, hemos establecido como perjuicio patrimonial para la gobernación y que se corresponde con los cheques librados y efectivizados y que no fueron utilizados para el pago de servicios o adquisición de bienes para la gobernación porque justamente fueron cobrados en las condiciones descriptas.

“PAGO DE SALARIOS”

Recurrentemente las defensas manifestaron que con estos cheques se pagaron salarios, por ello solicitamos como medida de mejor proveer cuanto fue el monto del salario asignado, y hemos establecido que precisamente hay un monto pagado por salario que conforme al SINARH, este no supera los G. 2.416.925.676, que corresponde al periodo 2013, si bien no tenemos informe de años anteriores, podemos inferir de esta información precisa que el monto de salario pagado por años anteriores no puede superar esta suma.

Más de 1.000 millones en un día

En cuanto a G. 1.251.905.220 que se corresponde con los cheques librados por la administración del gobernador Oscar Núñez, el Tribunal valora como una circunstancia sumamente reveladora que estos cheques fueron librados todos el 16 de enero de 2013, último día de su mandato y cobrados en su mayoría en febrero, cuando el señor Núñez ya no era gobernador. Hay que hacer notar, además, que según los testigos que efectivizaron los cheques igual le seguían entregando el dinero al señor Núñez, a pesar que ya no era gobernador de Presidente Hayes, lo que refuerza el convencimiento del Tribunal respecto que estos cheques no fueron utilizados para el pago de servicios o bienes para la gobernación.

El 16 de enero de 2013, último día de su mandato, el entonces gobernador de Presidente Hayes, Oscar Núñez, expidió cheques por G. 1.251.905.220, que recién fueron efectivizados en febrero de ese año. Los más revelador, según el fallo por escrito de las juezas Elsa García, Claudia Criscioni y Cándida Fleitas, es que el dinero se le seguía entregando a Núñez, según declararon testigos en juicio oral.