La versión fue deslizada por ediles que pidieron no ser identificados por temor a represalias. La concejal Mirta Dávalos ya había denunciado públicamente el presunto ofrecimiento atribuido a Luis Guillén.

Lo que dijeron las fuentes:

"Los concejales consultados indicaron que existen sospechas sobre el origen del dinero, que estaría vinculado a actividades ilícitas en la frontera. 

Marco legal si se comprueba:

Cohecho - Art. 300 CP: 1 a 5 años de cárcel.

Lavado de dinero - Ley 1015/97: 5 a 20 años si se prueba origen ilícito.

Asociación criminal - Art. 239 CP: 6 meses a 5 años.

 "El Ministerio Público debe investigar el origen de los fondos".