Desde que asumió la jefatura del Estado, Mario Abdo Benítez ha retribuido en numerosas oportunidades las adhesiones políticas con cargos públicos, sin considerar ni el historial ni la idoneidad de los beneficiarios. La gratitud es un sentimiento loable, pero debería demostrarse con un amable gesto o con un desprendimiento personal. En cambio, es reprensible cuando ella afecta a terceros, como los contribuyentes, que habrán de abonar el sueldo de los recompensados, y a la población en general, que deberá soportar su ineficiencia o sus corruptelas.

Ya resulta extensa la lista de los colorados que tomaron la decisión de cambiar de bando interno, antes o después del 15 de agosto de 2018, para gozar de las mieles del Presupuesto nacional. Uno de ellos es el exsenador cartista Julio César Velázquez, a quien el Presidente destituyó como consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) tras el sonado affaire de las cámaras y del personal de seguridad. El senador Silvio Ovelar (ANR) reveló en su oportunidad que Velázquez había sido designado en virtud de un “compromiso electoral”, agregando que “Marito es un hombre de palabra”. Lo será, pero no debe asumir compromisos a ser solventados con los recursos públicos, que pertenecen a todos; en todo caso, debería recurrir a su propio pecunio.

En este mismo sentido, un caso especial es el de Nicanor Duarte Frutos: sin ser excartista, renunció a su ilegítima ambición de ser un senador con voz y voto a cambio del codiciado cargo de director de la Entidad Binacional Yacyretá. En otro caso, la traición del exintendente y exgobernador de Presidente Hayes Ricardo Núñez, tanto al movimiento Honor Colorado como al poderoso clan departamental, fue gratificada con su membresía rentada en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Sin olvidar que, para superar una grave crisis política, el Primer Mandatario tuvo que nombrar ministro de Agricultura y Ganadería al senador Rodolfo Friedmann.

Estos breves antecedentes sirven para entender el transfuguismo colorado que se viene observando en el departamento de la Cordillera y no precisamente en función del interés general. La cuestión se resume en debilitar al adversario interno Honor Colorado, mediante el dinero de todos, esto es, mediante el salario y los ingresos extraoficiales propios del cargo entregado, vulnerando las leyes y el sentido común. Como el presidente de la seccional de Emboscada, Hernán Resquín, descubrió de pronto que el “abdismo” tiene mejores proyectos para el país y para su partido que el “cartismo” al que pertenecía, se convirtió en director de la penitenciaría nacional de Itapúa. La misma revelación tuvo su colega correligionario de Nueva Colombia, Reinaldo Pintos, lo que le permitió fungir de asesor jurídico del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El presidente de la seccional de Mbocayaty del Yhaguy, Dionisio Rodríguez, cobrará su traspaso de una carpa colorada a otra en la oficina local de la Dirección Nacional de Correos. Por su parte, el titular colorado de Juan de Mena, Fernando Espínola, obtuvo un codiciado “rubro” de docente, cuyas consecuencias probablemente lo sentirán los alumnos. Quien encabeza la seccional de Piribebuy, Blas Duarte, recibió como compensación de su migración política la unificación local de sus sueldos de médico, sin necesidad de trasladarse a otros municipios como venía ocurriendo. Entretanto, Miguel Caballero y Víctor Morínigo, que están al frente de organizaciones de base de Itacurubí de la Cordillera y de Eusebio Ayala, respectivamente, estarían a la espera de que su conversión al “abdismo” se traduzca también en importantes cargos públicos prometidos.

A diferencia de los susodichos, los presidentes de las seccionales de Loma Grande, Hugo Giménez, y de Primero de Marzo, Sixto González, no aspirarían a ser enchufados en el Presupuesto nacional, sino más bien a recibir algún trato preferencial como empresarios del transporte que son. Desde luego, también sería vituperable que los cambios colorados de camiseta sean premiados con auxilios burocráticos, pero lo que aquí interesa, por de pronto, es destacar que los cargos públicos no deben ser una moneda de cambio en ningún internismo partidario. A la ciudadanía le importa poco o nada cómo vaya alterándose la correlación de fuerzas entre los movimientos liderados por Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez. Lo que sí le interesa –y mucho– es que su dinero no sea empleado para el pago de favores políticos y que los nombramientos efectuados obedezcan a criterios de eficiencia y honestidad en el manejo de la cosa pública. Está claro que el responsable final de aquellos que responden a motivaciones bastardas es el Presidente de la República. Él no es el dueño de los puestos asignados, sino el administrador general del país; está obligado a tener en cuenta el bien común.

Las “repartijas” mencionadas no son las únicas, ya que hubo otras designaciones atribuibles a la retribución de favores políticos prestados por “añetetés” de la primera hora, que resultaron unos bochornosos fiascos, como la del exdirector nacional de Migraciones Julián Vega, y la del cónsul general en Buenos Aires Héctor Figueredo. Mario Abdo Benítez debe tener en cuenta que su Gobierno será juzgado, en gran medida, por las actuaciones de aquellos a quienes él encargó una función pública.

Los ciudadanos y las ciudadanas deben denunciar públicamente cuando su dinero está siendo utilizado para pagar favores políticos.

Fuente: Editorial ABC color