Los firmantes sostienen que el pedido se fundamenta en las irregularidades en el otorgamiento de la matrícula Nº 59.690, obtenida mediante un título que señalan como de contenido falso.

“Con esa matrícula, el Sr. Hernán Rivas ha actuado como Abogado sin haberse preparado para ello, sin haber estudiado la carrera, sin tener la idoneidad ni la legitimidad para hacerlo. El Sr. Rivas se ha burlado del MEC, de la Corte Suprema, de los Diputados, de los Senadores, del JEM, de la prensa, de los profesionales que hemos estudiado con sacrificio, responsabilidad y honestidad para trabajar dignamente en la profesión, etc.; se ha burlado, en síntesis, de toda una sociedad”, afirmaron los profesionales.

Argumentan que la responsabilidad administrativa es independiente de la penal y que la máxima instancia judicial puede resolver con sus propios registros e informes académicos. “La Corte Suprema no puede mantenerse en la irregularidad en la que ha caído, bajo el débil argumento de tener que esperar el desenlace del proceso penal. El error original de conceder la matrícula Nº 59.690 se generó en la Corte Suprema, y es la misma Corte la que debe enmendar el error, anulando esa matrícula a través del Consejo de Superintendencia, nadie más puede hacerlo”.  

También cuestionan la demora del sumario y afirman que ya vencieron los plazos para emitir una resolución definitiva. Recuerdan que en setiembre de 2025 se dispuso la suspensión preventiva de la matrícula, pero consideran insuficiente esta medida y reclaman su cancelación definitiva, con comunicación a todos los órganos jurisdiccionales.

“La sola suspensión de la Matrícula no es la sanción justa a estas alturas de los acontecimientos. La sanción que decrete la nulidad de la matrícula N° 59.690 es lo que en justicia corresponde, la sanción es necesaria y urgente, pues la ciudadanía en general, y las personas directamente afectadas por las actuaciones del Sr. Rivas en particular, tienen el derecho de reclamar la nulidad de dichas actuaciones, que deberán darse a partir de la efectiva nulidad del acto que le permitió jurar como abogado sin ser abogado”, refirieron. 

Para ambos abogados, “resulta irracional, ilegal e inexplicable que la Corte Suprema espere una condena firme en lo penal para corregir un error administrativo tan perjudicial originado en la propia Corte”.