El Colegio de Abogados Unidos de Cordillera presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la jueza Cristel Müller de Peralta por presuntos hechos de prepotencia y maltratos verbales.

La presidenta del gremio, Rosy Pérez, confirmó que la acción institucional responde a reclamos de más de 370 agremiados quienes reportan un patrón de conducta hostil durante el ejercicio de sus funciones. La organización busca frenar los atropellos a la dignidad profesional tras recibir testimonios de colegas agredidos públicamente, según lo expuesto en Justicia al día, por La Tribu 650 AM.

Cuestionamientos por agresiones verbales en juicios orales

La denuncia detalla episodios de violencia institucional donde la magistrada habría calificado de forma despectiva el trabajo de una defensora en pleno juicio público. Bajo este escenario, el gremio documentó situaciones en las que la jueza otorgaba plazos de diez minutos a los abogados para “leer e interpretar la ley” bajo un tono condescendiente.

Aquellas acciones vulneran el respeto mutuo que debe regir en el sistema de justicia y afectan directamente el derecho a la defensa de los ciudadanos representados por los profesionales cordilleranos.

Asimismo, la titular del gremio relató antecedentes personales de amedrentamiento donde la magistrada supuestamente amenazó con ordenar su detención y el uso de esposas por cuestionar requisitos procesales.

Esta conducta refleja un abuso de autoridad que busca silenciar las observaciones técnicas de los abogados mediante la coacción policial en sede judicial. Por consiguiente, los representantes legales exigen que la máxima instancia judicial evalúe la permanencia de Müller en el cargo, considerando que actualmente realiza gestiones para su confirmación a pesar de las graves acusaciones en su contra.

Falta de garantías y lobby para confirmación en el cargo

El Colegio de Abogados Unidos de Cordillera expresó su preocupación ante el posible desacato de las denuncias por parte de la magistrada, quien se encontraría realizando gestiones de influencia para asegurar su puesto.

Según los recurrentes, la jueza intentó sancionar a profesionales que ejercieron su derecho a la recusación con expresión de causa, limitando las garantías procesales mínimas.

La falta de una ley de colegiatura obligatoria en Paraguay convierte a estas asociaciones regionales en el escudo de defensa ante la arbitrariedad de magistrados que confunden su autoridad con la anulación de los derechos civiles.

Finalmente, los agremiados ratificaron que no existe una cuestión personal contra la jueza Müller, sino una lucha institucional por el respeto a la profesión jurídica en el interior del país.

La asociación continuará aportando pruebas documentales y testimoniales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para sustentar el pedido de investigación y sanción correspondiente. De esta manera, el gremio de abogados de Cordillera busca sentar un precedente contra el maltrato en los tribunales, garantizando un ambiente de trabajo digno y acorde a las normativas de ética judicial vigentes.