Inicialmente, el juez Humberto Otazú fijó las audiencias preliminares para los días 7, 8 y 9 de mayo de 2024. Sin embargo, la defensa de los acusados planteó un recurso de reposición y apelación en subsidio, lo cual llevó a que estas fechas fueran suspendidas. El juez Otazú rechazó el recurso mediante el Auto Interlocutorio A.I. N.º 108 del 25 de abril de 2024, decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.

En mayo de 2024, la fiscalía presentó informes periciales que fueron incorporados al expediente y puestos a disposición de las partes, lo que provocó que el 16 de mayo, los abogados defensores interpusieran otro recurso de reposición y apelación subsidiaria, el cual también fue rechazado por el juez Otazú mediante el A.I. N.º 128 del 28 de mayo, y ratificado por la Cámara de Apelaciones.

El juez Otazú reprogramó las audiencias para los días 23 y 24 de julio de 2024, pero estas fueron nuevamente suspendidas debido a un recurso de casación presentado por la defensa. El 29 de julio, tras la declaración de inadmisibilidad del recurso por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante el A.I. N.º 356, se señalaron nuevas fechas de audiencia para el 26 y 27 de agosto de 2024.

El 26 de agosto de 2024, la audiencia preliminar fue nuevamente suspendida por una recusación presentada por el abogado Alcides Cáceres, defensor del extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona. La defensa argumentó que el juez Otazú no se había pronunciado sobre una solicitud para acceder a una copia informática de una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El pedido fue realizado el viernes 23 agosto, por lo cual el juzgado de Garantías tenía hasta el 27 de agosto para resolver esta cuestión, pero fue utilizado por la defensa para postergar nuevamente la diligencia.

La fiscalía sostiene que el daño patrimonial causado al Estado paraguayo asciende a G. 180.030.528.699, unos 25 millones de dólares, debido al pago de 29 certificados de obras a favor de la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción S.A. por un proyecto inconcluso e inviable.

En el caso de Ramón Jiménez Gaona, la acusación se centra en su gestión como ministro entre 2013 y 2018, periodo en el cual, según la fiscalía, no protegió los intereses del Estado, permitiendo el pago de cuantiosas sumas por una obra que no benefició a la ciudadanía. Por su parte, Marta Regina Benítez Morínigo, quien se desempeñó como viceministra y ministra interina entre 2016 y 2018, es señalada por firmar el convenio modificatorio N.º 4 al contrato original, que incrementó los costos del proyecto en G. 103.483.670.390, agravando el daño económico.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público incluyen declaraciones de funcionarios de la Contraloría General de la República y testimonios de frentistas afectados por las obras, quienes detallaron el deterioro en su calidad de vida durante la construcción y tras el abandono del proyecto. Guillermo Alcaraz, gerente del proyecto Metrobús, también fue acusado, pero su caso fue archivado tras su fallecimiento en julio de 2024.

El avance hacia el juicio continúa siendo incierto debido a las constantes acciones legales de la defensa, que han logrado suspender repetidamente las audiencias preliminares, impidiendo que se defina la responsabilidad de los acusados en uno de los mayores escándalos de gestión pública en Paraguay.

El Observador