Según los antecedentes expuestos por el acusador, el tribunal encabezado por Martínez, y los jueces Javier Sapena y Carolina Silveira, resolvieron por mayoría aplicar una pena de 8 meses con suspensión de la ejecución, el voto de Martínez fue por la absolución, según detalla el escrito.

Resulta que la hoy acusada, desde el inicio del juicio oral y público se erigió en una suerte de abogada defensora de la acusada, pues permitió básicamente que la acusada y su defensa hagan lo que se les plazca en el juicio oral, permitiendo la realización de preguntas totalmente intrascendentes con el sólo fin de desacreditar mi persona, como si yo fuera la persona juzgada, intentando de esta forma a través de una estrategia «sensacionalista y perversa» desacreditar mi persona, todo esto sin que la defensa técnica ni material rebata los hechos objeto de la acusación fiscal y de la querella particular.

Asimismo, la magistrada acusada, en su calidad de presidenta del Tribunal de Sentencia, interfería constantemente en el trabajo de la Fiscalía y especialmente de la querella adhesiva ejercida por mi parte, interrumpiendo sin razón alguna el uso de la palabra y permitiendo también que familiares de la acusada María Stephanie Green tengan un comportamiento indebido dutante el desarrollo del juicio oral.

Todo esto denotaba que la Jueza acusada estaba notoriamente actuando a favor de la acusada pero, por si todo esto fuera poco, resulta que durante la declaración indagatoria de la acusada María Stephanie Green la jueza acusada Liz Ramírez inclusive empieza a llorar y lagrimear en pleno juicio, para así coaccionar a sus colegas del tribunal, demostrando abiertamente empatía y parcialidad totalmente manifiesta, haciéndose la payasa llorando como una persona conmovida por el relato de la condenada, cuando que como supuesta Magistrada que es, debería mantener la compostura en todo momento.

En la acusación se detalla además que la magistrada junto con la acusada estarían ejerciendo presión a fin de que la sentencia de primera instancia sea confirmada en Cámara de Apelación, a donde el acusador recurrió la condena de 8 meses con suspensión.

Incluso refiere que una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, que es familiar de la condenada con suspensión de la ejecución, formaría parte de este esquema de presión a magistrados de segunda instancia.

“Viendo todo lo que ha realizado esta señora, con el único fin de perjudicarme, o peor aún, de encubrir a una condenada, no me queda pensar que no existe otro motivo, otra razón que todo fue a cambio de algún tipo de dádiva, por lo que también solicitó el extracto de todas las cuentas bancarias de esta persona, Liz Maria Natividad Ramirez Cabrera, para corroborar algún depósito «extra» en alguna de sus cuentas, tomando en cuenta que si es tan caradura de hacer todo lo arriba manifestado, sin problemas pudo llegar al colmo de haber recibido alguna «ayuda» económica; reservándome desde ya, el derecho de accionar judicialmente si esta hipótesis es confirmada”, agrega el acusador.

Las identidades son omitidas en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, el cual prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a menores de edad en condición de víctimas.

Antecedentes

La jueza acusada ante el JEM cobró notoriedad en los últimos días, luego de que se constató que suspendido 9 juicios por motivos particulares.

Esta situación fue dada a conocer por el ministro Eugenio Jiménez Rolón en sesión de la Corte, semanas atrás. “También es un tanto llamativo que en atención a la alegación de motivos particulares se recurre a suplentes y tampoco pueden, ya sea porque les coincide con otras audiencias o por otras razones, pero lo cierto es que creo que este primer informe tenemos que tomar como base para adoptar las decisiones de manera evitar que esto siga sucediendo”, complementó.

El Observador