En ese sentido, Lezcano había ordenado el cambio de depositario. Las varillas estaban depositadas en la administración de aduanas de Empedril y el juez tomó la decisión de entregar la carga a la importadora, Casa Península. Esta decisión fue revocada por el mismo juez Lezcano unos días después.

Por tanto, la denuncia hace referencia a que el viceministerio de Comercio y Servicios en su momento le había negado la licencia previa de importar las varillas a Casa Península, propietaria de la carga.

Además, la denuncia de Aduanas y la UIP se basa también en que la garantía para el retiro de las mercaderías debía cubrir los tributos aduaneros y el valor de las mismas, algo más de 2.525 millones de guaraníes y que en ningún caso el Código Aduanero establece como opción la caución personal.