Ayer, por octava vez, lograron suspender la preliminar en la que se tiene que resolver si afrontan o no juicio oral en el caso “agua tónica”. La fiscalía ya había solicitado dejar sin efecto la libertad ambulatoria. En plena pandemia de covid-19, Samudio pagó G. 359 millones por insumos que nunca ingresaron a la institución. La acusación es del 1 de junio de 2021 y a casi dos años de la misma, aún no se hizo la audiencia. Ya se les aplicó una multa de G. 40.402.550.

La fiscala Liliana Alcaraz, quien junto a su colega Francisco Cabrera, se presentaron para la diligencia, refirió a El Observador, que lastimosamente no se pudo realizar la preliminar, pero que cree que la misma se llevará adelante el 1 de junio.

Cuando fue consultada si solicitarán algún tipo de sanción para los acusados, ante las numerosas dilaciones, mencionó que el año pasado ya solicitaron que se le revoque las medidas a Samudio y su esposo y que el juez Julián López, fijo fecha para realizar la audiencia, eso fue repuesto y luego apelado por los acusados.

También comentó que el magistrado que forma verbal les dijo a los dos procesados, que el juzgado a su cargo, puede revisar las medidas con las cuales fueron beneficiados en su momento. Por esto, se puede entender que podría revocar las medidas alternativas a la prisión preventiva con las que cuentan Samudio y su esposo.

El 1 de junio se cumplen dos años que la Fiscalía acusó, pero hasta ahora no se puede hacer la audiencia preliminar.

Otros funcionarios de Petro par que fueron acusados, en su momento reconocieron el hecho y donaron una ambulancia.

El caso más conocido como “agua tónica” en Petropar es muy parecido al caso “tapabocas de oro” en la Dinac, donde también se registró un robo en plena pandemia covid-19.

La extitular de Petropar había pagado más de G. 359 millones por 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas N95, 60 unidades de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades pallets, 15 termómetros láser.

Los G. 359 millones que desembolsó Petropar fue depositado en la cuenta de la empresa Racole SA, en concepto de pago de una deuda de José Costa Perdomo, según confirmó la Fiscalía.