Luego de un extenso considerando, los camaristas Miryam Meza de López, Lilian Lorena Benítez Vallejo y Raúl Insaurralde resolvieron admitir el recurso de apelación en subsidio planteado por el fiscal Alberto Torres y el abogado querellante Derlis Martínez. Anulan el punto dos del auto interlocutorio número 54 del pasado 17 de marzo, dictado por el juez penal de garantías, Edgar Manuel Lezcano González, del distrito de Minga Porã, que otorgaba beneficios al procesado Bernardo Joaquín Acosta Duarte, implicado junto a su hijo Luis Carlos Acosta Fonseca, en el asesinato de Carlos Aguilera.

Padre e hijo fueron imputados en rebeldía por la entonces fiscal zonal Olga Melgarejo, luego la causa quedó a cargo de su colega Edgar Benítez, quien fue recusado como corolario de una serie de chicanas interpuestas por la defensa de los encausados.

DECLARADOS REBELDES

Los sospechados como autores del caso de homicidio doloso en perjuicio del joven político fueron declarados rebeldes al cabo de un considerable tiempo de librada una orden de detención por la fiscal que inició el proceso. Los testimonios y documentales que manejan hasta la fecha los investigadores, los apuntan de manera directa en la escena del crimen que al mismo tiempo tuvo un trasfondo político grave. El asesinado era candidato a concejal del distrito de Itakyry por la ANR, mientras que padre e hijo aspiraban a la intendencia y la concejalía por la oposición, respectivamente, según los antecedentes.

Luis Carlos Acosta Fonseca sigue prófugo de la justicia y es considerado autor material de los disparos de proyectiles que le costaron la vida a Aguilera. Su padre se presentó ante el departamento de judiciales de la dirección de Policía el 1 de junio del año pasado. Fue presentado ante el juez penal de garantías de Minga Porã, se levantó su estado de rebeldía y lo remitieron a la penitenciaría regional en base a la expectativa de pena y la posibilidad de fuga atendiendo la geografía que permite el fácil paso a países vecinos. Su condición de coautor del caso de homicidio, lo expone a elevadas penas, situación considerada por la Cámara de Apelaciones para anular los beneficios que le otorgó la instancia inferior.