El cardenal subrayó la importancia de fortalecer el estado social de derecho, garantizando los derechos básicos para una vida digna de todos los habitantes, con especial atención a los sectores más vulnerables, como los pueblos campesinos e indígenas. En este contexto, valoró el reciente acuerdo alcanzado con Brasil sobre la tarifa de Itaipú, que generará recursos adicionales para atender necesidades urgentes, siempre y cuando se apliquen de manera correcta y transparente.

Martínez también abordó la necesidad de revisar el modelo económico vigente, el cual, a pesar de mostrar cierto crecimiento, sigue caracterizado por la predominancia de la informalidad y la falta de mejoras significativas en la inclusión social y la calidad de vida de los sectores menos favorecidos. Destacó que cerca del 42% de los trabajadores perciben salarios inferiores al mínimo, insuficiente para cubrir las necesidades básicas, y que la mayoría de la población carece de acceso a jubilación y servicios de salud adecuados.

En cuanto a la salud pública, el arzobispo enfatizó que es un imperativo moral garantizar el acceso a la atención médica, evitando que los enfermos y sus familias se vean obligados a buscar recursos para adquirir insumos y medicamentos por su cuenta. Si bien valoró el anuncio de la construcción de nuevos hospitales, instó a no defraudar las expectativas y esperanzas de la gente, recalcando la importancia de la información pública y la transparencia en los procesos de licitación.

Otro punto crucial abordado por Martínez fue la necesidad de fortalecer la autonomía del sistema de justicia frente a los poderes fácticos. Subrayó que la integridad ética de los miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial debe ser indubitable para la ciudadanía, y que su actuación debe constituir una garantía para el Estado de Derecho. Resaltó que una justicia independiente es la mejor herramienta para combatir la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.

Asimismo, el cardenal hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga consciente, organizada y con capacidad de indignación y reacción ante hechos que amenacen sus derechos fundamentales y la estabilidad de la República. Instó a la población a involucrarse activamente en la defensa de la democracia y el bienestar colectivo.

Fuente: ABC.