Para el representante, la Procuraduría tiene el deber de intervenir en este caso, ya que las tierras involucradas forman parte de los intereses del Estado Paraguayo, sobre todo en lo referente a la soberanía. Carl afirmó que pese a que el fallo de la Jueza Irún en este caso causó su expulsión del Poder Judicial, la misma Corte terminó ordenando que se cumpliera lo que ordenó.

Gwynn afirmó que lo resuelto por la jueza Irún es de cumplimiento imposible para la Secta Moon, ya que las tierras en las que se encuentran son consideradas bajo la ley de seguridad fronteriza nacional por el Ministerio de Defensa, mientras que según el abogado, Irún habría buscado entregarlas a empresas de maletín sacándoselas a la Asociación Espíritu Santo.