Entre los meses de marzo de 2019 a diciembre de 2020, Hugo Javier González Alegre, a través de 51 resoluciones, autorizó indebidamente las transferencias de recursos, por G 24.424.032.733, en concepto de aportes para financiar gastos administrativos y misionales de los proyectos que fueron presentados ante la gobernación, sin embargo, los fondos no habrían sido destinados para ejecutarlos en su totalidad.
Pese a todas las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos documentales, emitió las órdenes de pago y los cheques por medio de los cuales fueron desembolsados los recursos económicos en perjuicio de Gobernación.
LA ESTRUCTURA
Formaron parte de esta estructura delictiva Esteban Alvarez Quevedo y Juan Vicente Caballero Villalba, Presidente y Tesorero respectivamente Asociación Plantemos Conciencias; Tadeo Andrés Alvarez Cristaldo y Paulino de los Santos Palacios Recalde, Presidente y Tesorero respectivamente de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP); Cirilo Daniel Darmanas Flores, Presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (hasta el mes de junio 2020); Hugo Javier Cabrera Guerrero Presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (desde el mes de junio del 2020); Anibal Andres Delvalle Cogliolo, y Mónica Liliana Benítez Cáceres, Tesorero y Contador respectivamente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central.
También Antonio Ramón Fariña Villalba e Israel Espínola Ferreira, Presidente y Tesorero respectivamente del Centro Nacional de Organizaciones Populares; Blas Vicente Oddone Cespedes y Gloria María BarriosMartínez, Presidente y Tesorera respectivamente de la Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables; quienes presentaron los proyectos solicitando los aportes económicos a la gobernación, con el propósito de dar justificación a los desembolsos efectuados, y en forma posterior, para culminar con el circuito del fraude, efectivizaron los cheques, retirando sumas considerables de dinero en efectivo, las cuales no fueron utilizadas para financiar los proyectos propuestos, presentando facturas falsas como respaldo documental de las rendiciones de cuenta, y/o facturas obtenidas por bienes y/o servicios no prestados, en dichas facturas se consignaron operaciones inexistentes, con la finalidad de ocultar el destino real de dichos recursos.
MANIOBRAS DESDE LA GOBERNACIÓN
Los funcionarios de la gobernación – prosigue la acusación – encargados de realizar el análisis de razonabilidad y sustentabilidad de los gastos, conforme al acuerdo previo y para posibilitar el funcionamiento del esquema delictivo, realizaron los siguientes actos: convalidaron facturas en cuyos conceptos no se detallan correspondientemente los bienes y/o servicios prestados, cantidades y precios unitarios; han convalidado y aceptado como documentación de respaldo en las rendiciones de cuentas, facturas con montos superiores a G 4.999.999, omitiendo exigir a las entidades beneficiadas documentaciones que acrediten la realización de un proceso competitivo de adquisición con tres notas de presupuestos.
Tampoco no han exigido a los representantes de las entidades, la presentación de las rendiciones de cuentas con las documentaciones respaldatorias 14, visadas previamente por parte de la Contraloría; no verificaron si los fondos fueron utilizados para gastos, administrativos y/o misionales; omitieron analizar la razonabilidad y sustentabilidad de los gastos efectuados; no han suspendido los desembolsos a favor de las entidades beneficiadas, pese al incumplimiento de la presentación de rendiciones de cuentas por desembolsos anteriores, entre otros.
Por su parte, Edgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Natalia Soledad Valenzuela Gómez, Armando Adolfo Soler Espínola, Fernando José Britez Sánchez, y Víctor Basualdo Ramírez, prestaron su colaboración, emitiendo dictámenes favorables para la prosecución de los trámites administrativos tendientes a la autorización de los desembolsos, a pesar de las irregularidades de los proyectos y al incumplimiento de los procedimientos y requisitos legales establecidos a tales efectos.
En tal sentido, Natalia Soledad Valenzuela Gómez, Secretaria de Equidad, Genero y Desarrollo Humano, Armando Adolfo Soler Espínola, Secretario de Obras Públicas; Fernando José Britez Sánchez, Secretario de Desarrollo Sostenible y Víctor José Emilio Basualdo Ramírez, Secretario de Desarrollo Económico, tenían a su cargo la realización del estudio de “viabilidad de los proyectos”, y en tal sentido, pese a las irregularidades señaladas, emitieron dictámenes favorables para dar continuidad a los procesos de desembolsos.
José Manuel López Duarte, Jefe del Departamento de Rendición de Cuentas, tenía a su cargo realizar la verificación documental, mientras que Edgar José Zaracho Quintana, en su carácter de Director de Asesoría Jurídica, la verificación del cumplimiento de las normas, procedimientos, y requisitos previos establecidos en la Ley que Aprueba el Presupuesto General de la Nación vigente, así como también en sus Decretos Reglamentarios– Anexo A, emitiendo consecuentemente, el “Dictamen Jurídico” pertinente, sin embargo, a pesar del incumplimiento del procedimiento y requisitos, emitieron dictámenes favorables para dar continuidad a los procesos de desembolsos.
Las conclusiones favorables sobre la “viabilidad de los proyectos” emitidas por parte de Natalia Soledad Valenzuela Gómez, Armando Adolfo Soler Espínola, Fernando José Britez Sánchez, y Víctor Basualdo Ramírez; las “verificaciones documentales” realizada por parte José Manuel López Duarte; los “Dictámenes Jurídicos” emitidos por Edgar José Zaracho Quintana; y memorándum emitidos por Carlos Alberto Giménez Insfran (hasta el mes de junio 2019) y Javier Marcelo Rojas Giménez (desde el mes de junio de 2019), “solicitando la emisión de la resolución de autorización de transferencia”, fueron utilizados a los efectos de simular el cumplimiento de todos los requisitos legales, cuando en puridad, los mismos no fueron cumplidos. Los documentos señalados, que contenían indebidamente conclusiones favorables tendientes a la autorización de los desembolsos, además, fueron utilizados como justificación y fundamento de las 51 resoluciones por las cuales Hugo Javier González Alegre, en su carácter de Gobernador del Departamento Central, autorizó las transferencias de recursos. Los documentos señalados, con la correspondiente individualización del sospechado y las fechas en las cuales fueron emitidas.
Carlos Alberto Giménez Insfran, Director General de Administración y Finanzas hasta el mes de junio de 2019, emitió 10 órdenes de pago correspondientes a los desembolsos que fueron efectuados desde el mes de marzo del 2019 hasta el mes de junio del mismo año, conjuntamente con Luis Allende Araujo y Hugo Javier González Alegre. Las 10 órdenes de pago, fueron emitidas indebidamente, para solventar los gastos de 7 proyectos, por la suma total de G 1.291.483.333, sin embargo, dicha suma de dinero habría sido desviada íntegramente.
Mientras que Javier Marcelo Rojas Giménez, Director General de Administración y Finanzas desde el mes de junio de 2019, emitió 47 órdenes de pago correspondientes a los desembolsos que fueron efectuados desde el mes de junio del 2019, conjuntamente con Luis Allende Araujo y Hugo Javier González Alegre. Las 47 órdenes de pago, fueron emitidas indebidamente, para solventar los gastos de 44 proyectos, por la suma total de G 23.132.549.440, sin embargo, a través de los desembolsos correspondientes a los 44 proyectos, se ocasionó un perjuicio patrimonial a la gobernación de aproximadamente G 17.092.943.672.
Así mismo, Hugo Javier González Alegre y Luis Allende Araujo, libraron 57 cheques a través de los cuales fueron efectuados los desembolsos, a pesar que los mismos debieron ser efectuados a través de depósitos en las cuentas bancarias de las entidades, no obstante, dichos cheques fueron librados indebidamente, debido al incumplimiento de los procedimientos y requisitos.
PROYECTOS Y DESEMBOLSOS
Por su parte, Esteban Alvarez Quevedo y Juan Vicente Caballero Villalba, Presidente y Tesorero respectivamente de la Asociación Plantemos Conciencias; Tadeo Andrés Alvarez Cristaldo y Paulino de los Santos Palacios Recalde, Presidente y Tesorero respectivamente de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP); Cirilo Daniel Darmanas Flores, Presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (hasta el mes de junio 2020); Hugo Javier Cabrera Guerrero, Presidente del Consejo Regional de Salud Del Departamento Central (desde el mes de junio 2020) y Anibal Andres Delvalle Cogliolo, Tesorero del Consejo Regional de Salud del Departamento Central, Antonio Ramón Fariña Villalba e Israel Espínola Ferreira, Presidente y Tesorero respectivamente del Centro Nacional de Organizaciones Populares; Blas Vicente Oddone Cespedes y Gloria María Barrios Martínez, Presidente y Tesorera respectivamente de la Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables, tenían conocimiento de dicho esquema y consecuentemente han prestado su colaboración al presentar ante la Gobernación del Departamento Central, varios proyectos solicitando aportes económicos, posibilitando el inicio de los procesos administrativos tendientes a lograr la autorización de transferencia.
En ese sentido, Alvarez Quevedo y Caballero Villalba efectivizaron 10 cheques por la suma total de G 4.359.503.080, que fueron desembolsados por parte de la Gobernación para financiar 9 proyectos, sin embargo, los fondos no fueron utilizados en su totalidad para ejecutar los proyectos, y se ocasionó un perjuicio patrimonial a la Gobernación del Departamento Central que asciende a la suma de G 3.088.226.472.
Así mismo, Tadeo Andrés Alvarez Cristaldo y Paulino de los Santos Palacios Recalde, de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), efectivizaron 21 cheques por la suma total de G 7.261.146.651, para financiar 19 proyectos, sin embargo, los fondos no fueron utilizados en su totalidad para ejecutar los proyectos, y se ocasionó un perjuicio patrimonial a la Gobernación del Departamento Central que asciende a G 6.715.308.427.
Cirilo Daniel Darmanas Flores, y Anibal Andres Delvalle Cogliolo, Presidente y Tesorero respectivamente del Consejo Regional de Salud de Central, efectivizaron 8 cheques por la suma G 1.693.409.509, para financiar 8 proyectos, sin embargo, los fondos no habrían sido utilizadosensu totalidad para ejecutar los proyectos, y se habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la Gobernación del Departamento Central que asciende a la suma de G 957.763.109.
Hugo Javier Cabrera Guerrero, y Anibal Andres Delvalle Cogliolo, Presidente y Tesorero respectivamente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central, efectivizaron 6 cheques por la suma total de G 9.538.490.200, que fueron desembolsados para financiar 8 proyectos, sin embargo, los fondos no fueron utilizados en su totalidad para ejecutar los proyectos, y en ese sentido se ocasionó un perjuicio patrimonial a la Gobernación del Departamento Central que asciende a la suma de G 6.051.645.664.
Antonio Ramón Fariña Villalba y Israel Espínola Ferreira, Presidente y Tesorero respectivamente del Centro Nacional de Organizaciones Populares, efectivizaron 7 cheques por la suma total de G 905.050.000, para financiar 4 proyectos, sin embargo, los fondos no habrían sido utilizados para ejecutar los proyectos, causando un perjuicio de G 905.050.000.
Blas Vicente Oddone Cespedes y Gloria María Barrios Martínez, Presidente y Tesorera respectivamente de la Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables, efectivizaron 5 cheques por la suma total de G 666.433.333, para financiar 3 proyectos, fonos que no fueron utilizados para ese fin.
Mediante estas maniobras en la Gobernación, la colaboración de los funcionarios, los desembolsos ilegales y la falta de cumplimiento de los proyectos por parte de las organizaciones, causaron un perjuicio total G 18.384.427.005.
En el siguiente artículo encontrará el nombre de los 33 acusados y los hechos punibles que la Fiscalía le atribuye.



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