En el pronunciamiento, los representantes sindicales afirmaron que resulta “intolerable” que mientras otros sectores públicos reciben reajustes salariales, los asistentes fiscales sigan excluidos del cumplimiento de las disposiciones aprobadas por ley. En consecuencia, exigieron al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía el pago inmediato de la totalidad de la deuda pendiente y la aplicación efectiva de los reajustes correspondientes, “sin más excusas ni postergaciones”.

Desde entonces, los aproximadamente 1.780 asistentes fiscales de todo el país fueron declarados en estado de alerta máxima y comenzaron a analizar posibles medidas gremiales, administrativas y legales. Entre las acciones evaluadas se encontraba incluso la convocatoria a una asamblea extraordinaria frente a la sede del Ministerio Público, en reclamo por la falta de respuestas institucionales.

Según los datos difundidos por el sindicato, la deuda pendiente asciende actualmente a unos Gs. 16.000 millones, correspondientes a reajustes salariales del año 2025 que no fueron abonados. Los asistentes fiscales perciben actualmente alrededor de Gs. 7.025.477 mensuales, sin los incrementos contemplados en la legislación vigente.

El conflicto se agravó luego de que la Ley Nº 7609/2025, correspondiente al Presupuesto General de la Nación 2026, no incluyera los créditos necesarios para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Nº 7511/2025. Esta situación fue considerada por el gremio como una omisión presupuestaria que mantiene bloqueada la ejecución de los reajustes salariales reclamados.

En medio del conflicto, el diputado José Rodríguez, representante de la ANR por Capital, presentó el pasado 06 de mayo un proyecto de ley que plantea ampliar el Presupuesto General de la Nación 2026 en Gs. 17.050.067.048 destinados exclusivamente al Ministerio Público, con el objetivo de hacer efectivos los reajustes de los asistentes fiscales. El legislador sostuvo que no se trata de generar nuevos gastos, sino de corregir una omisión presupuestaria existente.

El malestar del gremio también se profundizó luego de que el Senado aprobara recientemente ampliaciones presupuestarias destinadas a agentes fiscales y fiscales adjuntos, sin incluir a los asistentes fiscales dentro de esos beneficios. Desde el sindicato consideran que la exclusión evidencia una situación de desigualdad dentro de la estructura del Ministerio Público.

El secretario general del SIASFIMIPP, Justo Duarte Guanes, reiteró en distintas entrevistas y comunicados que el sector lleva más de seis meses realizando gestiones ante el Ministerio de Economía sin obtener respuestas concretas.

Hasta el 08 de mayo, la situación sigue sin resolverse y el gremio mantiene vigente el estado de alerta, sin descartar la adopción de medidas de fuerza si el proyecto de ampliación presupuestaria no avanza en el Congreso Nacional.