La empresa británica Atome PLC notificó la terminación del contrato de compra de energía que mantiene con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en una decisión que profundiza la incertidumbre sobre el proyecto industrial que pretende instalar en Villeta con una inversión proyectada de USD 665 millones. La rescisión tendrá efecto a finales de 2026.

La decisión fue comunicada un día después del vencimiento del plazo contractual del 30 de septiembre. Atome había planteado una suspensión temporal de las obligaciones mientras negociaba con el Gobierno y la ANDE una salida que permitiera mantener la viabilidad del proyecto, pero las partes no lograron acordar los términos de esa pausa.

La compañía aclaró que la terminación del contrato no significa, según su posición, el cierre de las conversaciones. Atome sostiene que pretende negociar un nuevo acuerdo de compra de energía que permita avanzar con la inversión y afirma que la rescisión busca evitar eventuales perjuicios financieros o responsabilidades derivadas de permanecer vinculada al contrato de 2022 bajo las actuales condiciones.

El punto central de la disputa es el costo de la electricidad. Atome pretende contar con una tarifa de alrededor de USD 30 por MWh, considerada por la compañía necesaria para estructurar el financiamiento de su planta de fertilizantes verdes. La ANDE, en cambio, sostiene la aplicación del Pliego de Tarifas N.º 21, que para el segmento electrointensivo establece un costo cercano a USD 36 por MWh.

La diferencia adquiere especial relevancia porque el proyecto requiere un volumen importante de energía durante un período prolongado. El acuerdo original, firmado en mayo de 2022, fue presentado entonces por la ANDE como el mayor contrato de potencia suscrito hasta ese momento por la estatal y contemplaba inicialmente 60 MW para la planta de producción de hidrógeno verde y amoníaco en Villeta. Posteriormente, la potencia comprometida llegó a 145 MW.

Para la ANDE, aceptar una tarifa inferior a sus costos o comprometer condiciones que puedan afectar sus ingresos durante la próxima década representa un riesgo para las finanzas de la empresa estatal. La discusión, por tanto, excede al proyecto de Atome y vuelve a colocar en el centro el debate sobre cuánto debe cobrar Paraguay por su electricidad cuando busca atraer industrias electrointensivas.

El conflicto

El conflicto también se encuentra atravesado por los cambios regulatorios registrados durante 2026. El régimen tarifario que Atome esperaba utilizar fue modificado y posteriormente derogado, mientras la empresa sostiene que esos cambios alteraron las condiciones bajo las cuales había estructurado su proyecto y buscado financiamiento internacional.

En paralelo, Atome ya inició un procedimiento de controversia contra el Estado paraguayo al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y el Reino Unido. La compañía dispone de un período de consultas antes de avanzar eventualmente hacia un arbitraje internacional ante el CIADI, con un reclamo que podría alcanzar cientos de millones de dólares, según los antecedentes divulgados por la propia empresa.

El proyecto de Villeta había sido presentado como una de las mayores apuestas privadas para transformar la abundancia de energía eléctrica paraguaya en producción industrial de mayor valor agregado. En julio, Atome había señalado que contaba con respaldo de organismos financieros internacionales y que buscaba destrabar el proyecto para iniciar las obras.

La rescisión abre ahora una etapa más compleja: la empresa deja formalmente atrás el contrato vigente, pero mantiene abierta la puerta a un nuevo acuerdo. Para Paraguay, la negociación deberá conciliar dos objetivos que hasta ahora no encontraron un punto común: preservar la sostenibilidad económica de la ANDE y ofrecer condiciones suficientemente previsibles para que una inversión industrial de esta magnitud pueda concretarse.