La medida fue dispuesta en el marco del expediente que involucra, entre otros, a Osmar Raúl Cañete Roa y a Roque Alberto Damián Valdez Centurión, quienes enfrentan cargos por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles.

La diligencia, solicitada por la fiscal Laura Giacummo, tiene como objetivo acceder legalmente a información almacenada en discos duros, teléfonos celulares, notebooks, tablets y otros equipos electrónicos incautados durante allanamientos y procedimientos realizados entre enero y febrero del 2026.

Según la resolución, la extracción de datos comprenderá mensajes de texto, registros de llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, videos, documentos digitales y archivos eliminados, así como cualquier otra información relevante que permita esclarecer los hechos investigados y determinar la eventual participación de los implicados.

El juzgado destacó que este tipo de medidas requiere control judicial debido a que los dispositivos contienen información de carácter personal, protegida por el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. En ese sentido, la autorización fue otorgada conforme a las disposiciones constitucionales y procesales que regulan este tipo de procedimientos.

Asimismo, se dispuso que la operación técnica sea realizada bajo la dirección del Ministerio Público, con intervención del perito informático designado y se fijó una audiencia para el 17 de abril, en la que se deberán detallar los procedimientos técnicos a ser aplicados.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los dispositivos incautados podrían contener evidencia clave sobre el presunto esquema de desvío de fondos, incluyendo posibles comunicaciones entre los involucrados, registros de transacciones y documentación relacionada con las operaciones investigadas.

La medida se enmarca dentro de las diligencias orientadas a reconstruir el flujo de dinero y esclarecer la forma en que se habrían producido las presuntas irregularidades dentro del ente estatal.