La iniciativa establece un mecanismo extraordinario para habilitar el traslado definitivo de funcionarios activos de la empresa estatal hacia otras reparticiones públicas que requieran sus servicios, considerando tanto la experiencia técnica y administrativa del personal como la delicada situación financiera que atraviesa Copaco S.A.

Durante la defensa del documento en la sesión ordinaria, el diputado proyectista José Rodríguez (ANR-Capital) explicó que el texto es resultado de audiencias y mesas técnicas interinstitucionales destinadas a asegurar su viabilidad jurídica, administrativa y presupuestaria. Detalló que el proyecto autoriza, por única vez, la movilidad laboral sin que esto constituya un nuevo ingreso a la Función Pública, garantizando la conservación de los derechos laborales, la antigüedad y los aportes jubilatorios, sin crear nuevos cargos, ya que las instituciones de destino deberán prever los recursos correspondientes en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

El proponente aclaró además que el mecanismo no operará de forma automática ni implicará traslados masivos, sino que estará sujeto a solicitudes formales de los ministros o titulares de los organismos interesados y al dictamen favorable del Viceministerio de Capital Humano. Asimismo, señaló que actualmente hay más de 100 empleados comisionados en otras entidades públicas que continúan dependiendo administrativamente de Copaco —afrontando inconvenientes en el pago de salarios y cobertura médica—, y estimó que, según evaluaciones realizadas con directivos de la firma, se requiere la salida de al menos 500 funcionarios para favorecer su estabilización financiera y administrativa.

Por su parte, el diputado César Cerini (ANR-Itapúa), presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, informó que dicho órgano asesor recomendó la aprobación con modificaciones de forma, precisando que la figura aplicable es el traslado definitivo y señalando que se efectuaron consultas al Instituto de Previsión Social (IPS) para asegurar la continuidad de las obligaciones previsionales.

A su turno, el legislador Carlos María López (PLRA-Cordillera) acompañó la medida para aprovechar el capital humano formado con recursos estatales en beneficio de la ciudadanía, aunque advirtió sobre la necesidad de encarar reformas estructurales en las empresas públicas deficitarias. En tanto, tras responder a consultas planteadas durante el debate por el diputado Raúl Benítez, el proyectista ratificó que la norma especial subsana un vacío legal que impidió ejecutar disposiciones presupuestarias similares en ejercicios anteriores.