La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY) enviaron cartas al Congreso con objeciones al proyecto de ley «que declara el estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del Fondo de Enfermedad y Maternidad».

Asoban, en una nota firmada por su presidenta ejecutiva, Liz Rosanna Cramer Campos, y dirigida a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sostuvo que la versión sancionada por el Congreso «excede ampliamente» el objeto original del proyecto. Según la entidad, mientras el texto aprobado inicialmente por Diputados se centraba en problemas de abastecimiento, infraestructura y recursos humanos del IPS, la versión modificada incorpora un amplio régimen de operaciones financieras extraordinarias y cambios en las reglas de inversión del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, además de eliminar mecanismos de control.

Entre los puntos señalados por Asoban figura la autorización, en los artículos 3 a 7, para usar instrumentos como cesión de acreencias, fideicomisos, titularizaciones y afectación de bienes inmuebles institucionales, sin límites cuantitativos ni estudios actuariales obligatorios. La entidad advirtió en particular sobre la cesión de derechos de aportes obrero-patronales «vencidos y a vencer», que calificó como una forma de anticipar ingresos futuros equivalente a un endeudamiento. También objetó la eliminación de la publicación periódica de contrataciones y de los informes de seguimiento a la Contraloría y al Congreso.

Asoban cuestionó además los artículos 17 y 18, que modifican reglas del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones —un fondo que, según la entidad, es jurídicamente distinto del Fondo de Enfermedad y Maternidad que la ley dice proteger—, y concluyó recomendando el rechazo del proyecto en su versión actualmente sancionada.

Por su parte, la UNJPY, en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, cuestionó que el proyecto declare el «Estado de Emergencia Sanitaria del IPS» por unos dos años y medio, hasta el 15 de agosto de 2028, coincidente con el fin del mandato del presidente Santiago Peña. La organización planteó que las acciones de una emergencia deberían ser de corto plazo —hasta diciembre de 2026, como máximo— y centrarse específicamente en el déficit presupuestario y financiero del programa de salud, sin extenderse a inversiones o modificaciones de leyes vinculadas al régimen jubilatorio.

La UNJPY advirtió que el proyecto, tal como está redactado, arriesga exponer las reservas técnicas jubilatorias del IPS para beneficiar al programa de salud y a sus acreedores, en lo que consideró una afectación al artículo 95 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. La entidad pidió la postergación del proyecto para su discusión «abierta, franca y transparente» en audiencia pública y en las comisiones asesoras, y cerró su nota con la frase «¡Los fondos no se tocan!».