Cuarenta y ocho horas después del segundo encuentro entre Peña y Brítez, el Consejo de Administración del IPS aprobó, el 29 de agosto de 2024, la compra de bonos financieros emitidos por Ueno por G. 250.000 millones, a siete años de plazo, una secuencia que los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez incorporaron entre los hechos que sustentan la imputación contra el exmandatario.
Los investigadores atribuyen a Peña haber intervenido en decisiones sobre la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y previsionales en Ueno, presuntamente incidiendo sobre autoridades que tenían a su cargo la administración y protección de esos fondos, en beneficio de una entidad con la cual mantenía intereses económicos.
En el momento de las reuniones con Brítez y de la aprobación de la inversión del IPS, Peña poseía 6.144 acciones de Ueno Holding, declaradas por G. 6.144 millones y equivalentes aproximadamente al 1,58 % del capital social de la compañía, participación que habría conservado hasta su rescate mediante una reducción de capital realizada en marzo de 2025.
Su declaración patrimonial de 2023 también incluía un certificado de depósito de ahorro en Ueno por G. 2.400 millones y un bono de ITTI por G. 350 millones, con lo que sus activos financieros relacionados con el conglomerado del Grupo Vázquez sumaban G. 8.894 millones, según el detalle recogido en la imputación.
El acta individualiza las fechas de los encuentros con Brítez y la posterior resolución del Consejo de Administración del IPS, aunque no reproduce el contenido de las conversaciones ni identifica una instrucción expresa de Peña durante esas reuniones; la hipótesis fiscal sostiene que el entonces mandatario habría utilizado su posición para promover o determinar decisiones patrimoniales favorables al banco.
La inversión de G. 250.000 millones corresponde específicamente a la compra de bonos aprobada por la previsional y forma parte de un proceso más amplio de concentración de recursos estatales en Ueno, donde también mantenían fondos Itaipú, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi.
De acuerdo con los datos preliminares de la Dirección General del Tesoro Público citados en el acta, al cierre de septiembre de 2026 los fondos de organismos y entidades del Estado depositados en Ueno ascendían a G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495, montos cuya afectación deberá individualizarse por institución y que no representan, por sí solos, una pérdida definitiva.
Los fiscales sostienen que, pese a las advertencias sobre irregularidades en las operaciones crediticias y riesgos para el patrimonio del banco, Peña mantuvo su respaldo público a la entidad sin que se adoptaran medidas precautorias respecto de los recursos públicos allí colocados, conducta que vinculan con la exposición de esos fondos a operaciones financieramente perjudiciales.
La imputación también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay y anteriormente presidente de Financiera Ueno, a quien se atribuyen decisiones regulatorias y omisiones frente a las alertas de supervisión, mientras que las reuniones con Brítez y la compra de bonos del IPS forman parte de los antecedentes utilizados para atribuir a Peña lesión de confianza como instigador y administración en provecho propio.
