El embargo es hasta hasta cubrir la suma de G. 36.456.970.944 por cada imputado, de acuerdo a lo resuelto.

La defensa de los imputados argumentó que “la resolución impugnada es contraria al Derecho y debe ser anulada porque no argumentó válidamente la existencia de un daño patrimonial en concreto causado por los procesados, y que esto amerite la imposición de un embargo preventivo sobre sus bienes”.

También que en toda el acta de imputación, “no existe razonamiento fáctico y jurídico en relación a los elementos de sospecha que permita fundar, prima facie, la comisión de un supuesto hecho punible”.

La Cámara consideró que la providencia atacada por los imputados ha sido decretada bajo suficientes elementos de juicio determinados en el acta de imputación y conforme a las disposiciones legales que rigen la materia, por lo que resolvió confirmar la resolución que decreta el embargo preventivo.

Estas personas están imputadas por lesión de confianza, respecto a la planificación y ejecución del fallido proyecto de mejoramiento vial conocido como metrobús.

De acuerdo a la tesis fiscal, en el año 2016 fueron desembolsados 22 pagos por la suma de G 57.979.979.340 Gs., mientras que en el año 2017 se desembolsó 108 pagos por un valor de G. 22.759.638.729 gs., y en el año 2018 hasta el 15 de agosto, se realizaron 65 pagos por un valor de G 28.631.294.764 guaraníes, totalizando la suma de G 109.370.912.833 guaraníes durante la administración de los imputados al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La administración de Ramón Giménez Gaona no habría cumplido los objetivos del “Programa, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno (Metrobús) que eran la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana de transporte, para contribuir al aumento de calidad de vida de las poblaciones de las áreas de intervención de sus proyectos, según refiere la imputación de la fiscala Estefanía González.