Los imputados son Edert Eduardo Falcón Orué, presidente durante el periodo 2023 y 2024, Juan Arnaldo Moreira Gómez (tesorero), Derlys Viveros Aguilera (pro tesorero), Miguel Mancuello Ozuna (pro secretario), el concejal Diego de Jesús Romero Orue (vocal), Javier Concepcion Marecos Acosta (vocal),  José Luis Leguizamón Cabrera y Crystel Marlene Traversi (Junta de Vigilancia), Maria Estela Nuñez Mosqueira y Eulalio Vázquez Nuñez, por los hechos de lesión de confianza, estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos. 

Con esta confirmación, el juez La decisión permite que el juzgado penal de garantías de Delitos Económicos vuelva a citar a los procesados para una audiencia de imposición de medidas cautelares.

Edert Eduardo Falcón Orué (Presidente), Juan Arnaldo Moreira Gómez (Tesorero) y Miguel Mancuello Ozuna (Pro-secretario), miembros del comité ejecutivo permanente, fue el responsable directo de la transferencia irregular de G 500.000.000 a CEMULCOOP, hecha a espaldas al Consejo de Administración. Según la imputación, “usaron el dinero para una necesidad real de disponibilidad, “sino que ejecutó una triangulación financiera con la Cooperativa La Barrereña Ltda.”. Asimismo, sobre al presidente Edert Falcón se le señala por haber ejercido presión indebida contra la Contadora General de la entidad para obligarla a asentar datos financieros falsos para ocultar la morosidad real de la cooperativa. Por su parte, Juan Arnaldo Moreira Gómez incurrió en un conflicto de intereses al desempeñarse simultáneamente como tesorero de la cooperativa afectada y de la entidad receptora de los fondos (CEMULCOOP), facilitando una triangulación de capitales que no respondía a ninguna necesidad de disponibilidad real. Posteriormente, Moreira también impulsó en la Asamblea Ordinaria una moción irregular para desviar recursos del Fondo de Protección para Préstamos hacia gastos administrativos.

Estela Centurión (Gerente General) e Isidro González (Asesor Financiero), junto al presidente de la institución, coordinaron la coacción hacia el área contable con el fin de modificar el impacto de las previsiones diferidas de los últimos meses de 2023, buscando sustituir el monto real de Gs. 178.000.000 por una cifra ficticia de Gs. 17.000.000. La imputación detalla que el objetivo de esta maniobra era “modificar el estado financiero real de la entidad para exhibir una situación más favorable”. Al no lograr la complicidad de la contadora, introdujeron el informe adulterado de manera encubierta para forzar la aprobación del pleno. 

Además, bajo la gestión ejecutiva de Centurión se validó la desaparición o inexistencia de los soportes de audio de la Asamblea Ordinaria de 2024, lo que impidió la verificación formal del acta que terminó siendo falsificada.

En tanto, los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia (Periodos 2023 y 2024) validaron con su voto decisiones que contrariaban abiertamente las normativas regulatorias del INCOOP, como la aprobación de una dación de pago irregular en agosto de 2024 para favorecer a dos socios deudores. De igual forma, el Consejo permitió la inserción de información falsa en las actas oficiales y consintió las maniobras informáticas que crearon 13 refinanciaciones fantasmas por Gs. 900.000.000. 

Según el acta de imputación, estas operaciones ficticias “se efectuaron sin el consentimiento de los socios deudores y carecían de documentos respaldatorios”, destinadas a maquillar los balances antes de la asamblea anual.

Por su parte, la Junta de Vigilancia faltó a su deber legal de fiscalización al no emitir alertas, ignorar la falta de rúbrica en los libros de actas del Comité Ejecutivo y consentir el extorno irregular de previsiones por Gs. 748.255.921, lo que causó de esta manera que el perjuicio patrimonial de la cooperativa ascendiera a Gs. 8.491.091.671. “Faltaron a sus deberes legales de supervisión, derivando en el severo perjuicio patrimonial de la entidad”, refiere la imputación.