La denuncia fue promovida por Pedro Arturo Santa Cruz, Arcadio Flores, Apolonia Flores, Felipe Flores y otros, en relación con los hechos ocurridos desde el 8 de marzo de 1980, cuando integrantes de las Ligas Agrarias Cristianas y pobladores de Acaraymi, Alto Paraná, fueron perseguidos en el marco de un operativo represivo atribuido al régimen stronista.

Según el escrito, los hechos no fueron aislados, sino parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil campesina. La denuncia sostiene que el operativo incluyó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, degüellos, mutilaciones, ataques sexuales, robos de productos agrícolas y destrucción de cultivos, sin orden judicial ni garantías mínimas.

El caso se originó cuando unos 20 campesinos viajaban en un ómnibus hacia Asunción para gestionar ante el Instituto de Bienestar Rural la titulación de tierras que ocupaban en Acaraymi. A la altura de Torín, un retén policial intentó detener el vehículo y, tras una persecución con disparos, los labradores abandonaron el bus y se refugiaron en zonas boscosas. El 9 de marzo se entregaron a las fuerzas represivas.

De acuerdo con la denuncia, luego se desplegó un operativo con participación de policías, militares, helicópteros, armamento pesado, milicias coloradas y civiles armados. Diez personas son señaladas como desaparecidas o asesinadas: Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Feliciano Verdún, Reinaldo Gutiérrez, Federico Gutiérrez, Concepción González, Fulgencio Castillo, Secundino Segovia, Gumersindo Brítez y Adolfo César Brítez.

También se menciona a sobrevivientes que habrían sido detenidos y torturados, entre ellos Arcadio Flores, Felipe Flores, Marciano Flores, Marciano Martínez, Vidal Martínez, Andrés Centurión y Luciano Centurión. La denuncia además refiere que menores de edad fueron víctimas de la represión, como Apolonia Flores, quien tenía 12 años y habría sido herida con seis disparos, además de Apolinaria González, de 16 años, y Arnaldo Flores, de 14 años.

La presentación solicita investigar la responsabilidad de quienes integraban la cadena de mando política, militar y policial del régimen, así como de civiles que habrían colaborado con la represión. Entre los señalados como personas que seguirían con vida figuran Darío Filártiga, Mario Cazal Gómez, Juan de la Cruz Peña, Juan Carlos Bedoya, Osvaldo Vera Navarro, Santos López y exintegrantes del Departamento de Investigaciones.

Los denunciantes pidieron que se libren oficios a la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Justicia, al Museo de la Justicia, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y al Registro Civil, a fin de remitir informes, legajos, archivos, libros de guardia y documentos vinculados al Caso Caaguazú.

Además, solicitan incorporar el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, documentos del Archivo del Terror y antecedentes sobre excavaciones realizadas en busca de restos de desaparecidos. También piden medidas cautelares como prohibición de salida del país, comparecencia periódica, retención de pasaportes y prohibición de contacto con víctimas y testigos.

Para los denunciantes, los hechos investigados constituyen crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles. En ese marco, piden al Ministerio Público la apertura formal de una investigación penal, la identificación de responsables y la adopción de medidas probatorias, cautelares y de protección para víctimas y testigos.