Ante un pedido realizado por el Ministerio Público, en el marco de la investigación al abogado Farid González, esposo de Salomón, por extorsión y tráfico de influencias, la magistrada González, informó que el Poder Judicial no tiene instalado en las secretarías y juzgados cámaras y la que está (o estaba) en la secretaría del juzgado a cargo de Salomón sería propiedad de la jueza.

El circuito cerrado es muy importante para la investigación, considerando, que, según Pamela Núñez, víctima y denunciante de la extorsión, el 4 de agosto pasado ella y su abogada estuvieron en la secretaría del juzgado, en donde conversaron con Salomón y fueron testigos la actuaria y otros dos funcionarios. En la ocasión, se tenía que realizar la audiencia de revisión de Carlos Vigo, ex pareja de Pamela, procesado y con arresto por violencia familiar.

Sin embargo, la diligencia que estaba toda preparada, finalmente no se hizo, porque según manifestó Pamela, la jueza Salomón le dijo que primero solucione con su esposo, para después realizar la diligencia. Esa mañana, según la víctima y denunciante tenía que entregar los G. 30 millones que Farid le solicitó para que su cónyuge revoque el arresto de Vigo y lo envíe a prisión.

Pamela afirmó que mientras estaba en la secretaría del juzgado, recibió varios mensajes de Farid diciéndole que no era necesario que ella esté presente en la revisión y que el lo estaba en esperando en el shopping 14 y medio, en donde tenían que encontrarse para que ella le entregue el dinero para revocación del arresto de Vigo.

Salomón, siempre según Pamela, le manifestó que se iba dejar constancia que ninguna de las partes asistió y que por eso no se llevó a cabo la audiencia.

Esta versión de la víctima y denunciante podría ser corroborada con la filmación del circuito cerrado, por lo que es muy importante que la Fiscalía tenga en su poder la Cámara.

Por otro lado, Salomón estaría de vacaciones luego de este escándalo que la salpicó con la imputación y detención de su esposo, que supuestamente pidió dinero a cambio de una resolución de ella revocando el arresto de un procesado por violencia familiar.