El fiscal Federico Leguizamón, quien asumió en la causa, se allanó a la apelación presentada al considerar que existen indicios de la supuesta comisión de hechos punibles y aún existen diligencias pendientes que podrían ser conducentes a fin de dilucidar la verdad real de los hechos denunciados.

En esta causa, la denunciante Rossana Samudio Ríos había contratado a Ángela Daniela Corvalán para la ejecución de una obra mediante contrato fechado el 06 de septiembre del 2023. El proyecto, financiado mediante un préstamo del Banco Atlas, preveía la entrega en cuatro meses. Samudio realizó dos desembolsos por un total de Gs. 405 millones. Sin embargo, denunció incumplimientos graves: paralización de la obra, cambios constantes de personal por falta de pago y una construcción que no se ajustaba al plano aprobado por la Municipalidad de Asunción.

La entonces agente fiscal a cargo, inicialmente solicitó la desestimación del caso, argumentando que se trataba de un conflicto de naturaleza civil y no penal. Sin embargo, la víctima apeló alegando falta de diligencias básicas en la investigación y nula respuesta a las solicitudes de pruebas, como la citación de testigos o la verificación del plano real ejecutado.

El Tribunal dio la razón a la apelante, señalando que la investigación no fue agotada y que aún existen diligencias pendientes que podrían ser relevantes para esclarecer los hechos. “No puede aceptarse una desestimación de una acción penal que no ha sido agotada totalmente”, sostiene la resolución, criticando el desempeño de la fiscal por no actuar conforme al principio de objetividad.

En consecuencia, el proceso continuará con la expectativa de determinar si existen elementos para imputar penalmente a la arquitecta por estafa, apropiación y lesión de confianza. La defensa de Corvalán había solicitado confirmar la desestimación, pero el tribunal consideró que la causa aún requiere análisis probatorio más profundo.

Este fallo reitera la obligación del sistema de justicia de investigar con exhaustividad toda denuncia penal, especialmente cuando están en juego grandes sumas de dinero y la confianza depositada en contratos profesionales.