En la actualidad toda persona que quiere vender o comprar algo, ya sea casa, vehículo o cualquier otro bien, se demora como mínimo tres meses debido a la mala organización en los Registros Públicos. Allí los trámites siguen siendo engorrosos, lentos y tediosos, pese a la entrada en vigencia del nuevo Sistema Integral de Gestión Registral Electrónica (e-SIGR), que en la práctica no cumple con su función de agilizar las diligencias.

En septiembre del 2019, la Corte Suprema de Justicia licitó el nuevo sistema integrado para su dependencia de los Registros Públicos. Se presentaron solo dos oferentes, y en diciembre de ese año fue adjudicado el Consorcio Gestión Documental Electrónica (GDE), cuya oferta fue de G. 16.298.700.000 (2,4 millones de dólares). El contrato estableció que del monto total contratado, serán otorgados los siguientes montos: G. 996.700.000 en el año 2020; G. 70.668.000.000 en 2021 y G. 8.375.300.000 en el 2022.

A casi 2 años de esa adjudicación, aún sigue en etapa de “implementación” el moderno sistema, por lo que los trabajos de migración de datos aún no han culminado, según el comunicado de la Corte Suprema de Justicia, ante el reclamo de los escribanos y gestores por el caos generado desde la vigencia de este servicio. Como una solución de parche, la institución dispuso suspender la nueva herramienta y volver momentáneamente al sistema anterior que data del año 2005.

No solo los escribanos o gestores se ven afectados por el atraso generalizado en los registros, sino que en general las actividades económicas están paralizadas, ante la dificultad de contar con certificados de interdicción, de condiciones de dominio, entre otros.

Estos retrasos paralizan negocios y atenta contra recuperación económica, por lo que las estrategias de reactivación o crecimiento económico deben abordar el funcionamiento de los Registros Públicos por las transacciones realizadas en diversos rubros.

Registros Públicos es una dependencia de la Corte y por ende es esta instancia la que nombra a su titular, en el caso de Lourdes González la misma se perpetuó en el poder hace 25 años gracias a sus influencias y a esta altura ya se siente intocable. La directora consiguió eternizarse en el cargo mientras reina el caos. En su defensa, la misma se lava las manos y responsabiliza al consorcio de los problemas registrados.

Ya antes de la pandemia existía un excesivo retraso en los Registros Públicos, pero ahora el nuevo sistema vino a empeorar aún más la situación y nadie da visos de solución.

Según contó la escribana Marta Narvaja a ÚH, tan solo un banco importante tiene retenido USD 20 millones en créditos concedidos porque falta documentación para liberar el dinero.

Ante la crisis actual, la Cámara Baja aprobó un proyecto de resolución que pide informes a la oficina de Registros Públicos.