La resolución de admitir a trámite la acción fue adoptada por unanimidad por los ministros Víctor Ríos y César Diesel, junto con el camarista civil Hugo Garcete. La pareja sostiene que el fallo que anuló su absolución es arbitrario, debido a una supuesta revaloración de las pruebas y a una fundamentación insuficiente. Además, alegan la vulneración de garantías constitucionales y tratados internacionales relacionados con el debido proceso y el derecho a la defensa.

Ahora, la Sala Constitucional deberá analizar los argumentos planteados y resolver si corresponde dejar sin efecto la decisión que dispuso un nuevo juicio oral. La causa investiga el supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con una suma de G. 10.495 millones que, según la acusación, la pareja no habría podido justificar. La admisión de la acción no implica una decisión sobre el fondo ni determina todavía si ambos deberán volver al banquillo de los acusados.