Durante la gestión de Sandra Quiñónez, las víctimas en el caso Mocipar fueron ignoradas. La entonces titular del Ministerio Público, en esta y muchas otras causas, hizo la “vista gorda”.

El nuevo titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, tiene la oportunidad de demostrara a estas víctimas y a la sociedad, que realmente está al lado de ella y no de los “guantes blancos”.

La jueza Alicia Pedrozo, por Auto Interlocutorio N° 222, del 16 de marzo pasado, se opuso a la extinción de la acción y el consecuente sobreseimiento definitivo de Fernando Román y Orlando Benítez.

En la audiencia preliminar, la fiscal Stella Mary Cano rectificó la acusación, porque sostuvo que no se pudo hacer la pericia para determinar a cuanto ascendió el perjuicio patrimonial. Esto fue con relación al hecho punible de estafa.
Con relación a la producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso se ratificó en la acusación, pero luego se allanó a la extinción de la acción, debido a que se ordenó la reapertura del caso, luego del plazo legal establecido, según dijo.

El 11 de marzo de 2022, la fiscalía solicitó la reapertura y acusó a Román y Benítez.

El 15 de marzo de 2022, el juzgado por AI número 196 ordenó la reapertura de la causa con relación a los dos acusados y emplazó a la fiscal a presentar la carpeta de investigación en 24 horas.

La magistrada explicó en su resolución que primero una acusación con todos los argumentos, pero que luego la fiscal se rectificó con relación al hecho de estafa, único hecho atribuido a Benítez.

Ante la contradicción del Ministerio Público y la “envergadura del caso”, la jueza Pedrozo le dio trámite de oposición, porque la ratificación del blanqueo o la acusación quedan en manos del nuevo fiscal general, Emiliano Rolón Fernández.