La exjueza Carmen Silva fue acusada por los hechos punibles de cohecho activo agravado, prevaricato en calidad de autora, y frustración a la ejecución penal en grado de tentativa; mientras que la exmagistrada Ana Aguirre por cohecho pasivo agravado y prevaricato en calidad de autora. 

Piñanez Explicó que la investigación se inicia a través de unos audios extraídos del teléfono celular del exdiputado Eulalio Gomes que permitió obtener comunicaciones con estas magistradas. “Las magistradas comunicaban en relación a trabajos propios de su gestión, procesos judiciales, a cambio de obtener respaldo y beneficios en la función judicial, concretamente ocupar otros cargos en la magistratura”.

Agregó que incluso una de las acusadas comunicó al entonces diputado que en la ciudad donde ella ejercía funciones, Pedro Juan Caballero, se iban a realizar allanamientos por parte de la unidad especializada contra el crimen organizado del Ministerio Público. 

En lo que respecta a otras personas mencionadas en los chats, manifestó que la investigación sigue abierta y aseguró que debido a la gran cantidad de información “y se vincula a muchas personas”, por lo que decidieron partir administrativamente la causa, con la acusación a otros presuntos implicados días atrás, como el exdiputado Orlando Arévalo.