Según la acusación, González Bareiro habría colaborado con la estructura investigada mediante el cobro de cheques emitidos a nombre de terceros. El Ministerio Público sostiene que el entonces funcionario municipal efectivizaba pagos que correspondían a proveedores o beneficiarios distintos y posteriormente entregaba los fondos a integrantes del supuesto esquema investigado. Con base en esos elementos, la causa será debatida en juicio oral y público.

En la misma audiencia preliminar, el juez imprimió el trámite de oposición y remitió los antecedentes a la Fiscalía General del Estado respecto a los pedidos de suspensión condicional del procedimiento formulados por Jorge Bogado Cabrera y César Esteban Jara Matto.

Bogado Cabrera, representante del Centro Comercial Renacer, fue acusado como cómplice del supuesto hecho punible de lesión de confianza por contratos relacionados con la provisión de kits de alimentos destinados a instituciones educativas de Puerto Casado. La acusación señala que su empresa fue adjudicada con contratos por G. 353.900.000. Durante la audiencia preliminar solicitó la suspensión condicional del procedimiento, admitió los hechos y ofreció G. 3 millones como reparación social.

No obstante, durante el desarrollo de la causa surgieron elementos que llevaron a la propia Fiscalía a señalar que no se habría configurado el perjuicio patrimonial inicialmente atribuido al procesado, al haberse constatado posteriormente la efectiva provisión de los kits alimentarios que habían sido cuestionados al inicio de la investigación. Ante ese escenario, el Ministerio Público no se opuso al otorgamiento de la salida alternativa, aunque la decisión final queda sujeta al dictamen de la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, César Esteban Jara Matto, propietario de CMBA Constructora, fue acusado por contratos para obras en varias instituciones educativas de Puerto Casado, entre ellas la Escuela Machete Vaina, la Escuela Juan de Ayolas y establecimientos de comunidades indígenas. Según la acusación, los contratos adjudicados a su firma totalizaron G. 284.590.201.

La defensa planteó excluir del cálculo del perjuicio una obra correspondiente a la Escuela Santa Teresita de Riacho Mosquito, argumentando que la infraestructura fue destruida por un incendio y que, por esa razón, la pericia no pudo verificar su ejecución. La propia Fiscalía admitió que no era posible determinar con certeza si dicha obra fue realizada o no, por lo que aceptó excluir ese monto del cálculo final.

En consecuencia, el supuesto perjuicio quedó reducido a G. 33.599.070. Jara Matto solicitó la suspensión condicional del procedimiento, admitió los hechos y ofreció reparar el monto atribuido, además de aportar G. 5 millones como reparación social. Su pedido también fue remitido a la Fiscalía General para el trámite correspondiente.

La única salida alternativa concedida directamente por el juez fue la de Azucena Bettina Amarilla, propietaria de la firma Metal y Diseño, acusada como cómplice de lesión de confianza por contratos relacionados con la construcción del acceso a la ciudad de Puerto Casado y el hermoseamiento de la plaza María Auxiliadora.

De acuerdo con la acusación fiscal, la Municipalidad adjudicó a su empresa contratos por G. 128.390.000 y G. 48.315.000 para la ejecución de dichas obras. Posteriormente, una pericia de tasación y avalúo detectó diferencias entre los montos abonados y los trabajos efectivamente constatados, estableciendo una diferencia valorativa de G. 39.883.000.

Durante la audiencia preliminar, Amarilla admitió los hechos, aceptó reparar el monto atribuido y ofreció además G. 5 millones como reparación del daño social. El Ministerio Público acompañó el pedido al considerar que se trataba de un hecho patrimonial susceptible de reparación, que la acusada carecía de antecedentes penales y que la expectativa de pena permitía la aplicación de una salida alternativa. En consecuencia, se hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento bajo las condiciones establecidas en la resolución.

Acusación

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por las nuevas autoridades de la Municipalidad de Puerto Casado, sustentada en un informe de Fiscalización Especial Inmediata de la Contraloría General de la República que detectó presuntas irregularidades en la administración municipal durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, cuando Yudith Catalina Ferreira de Medina se desempeñaba como intendenta.

Según el Ministerio Público, durante ese período se habría implementado un esquema destinado a desviar recursos municipales mediante contrataciones presuntamente irregulares para la provisión de kits de alimentos durante la pandemia y para la ejecución de obras públicas en instituciones educativas y otros espacios del distrito.

La acusación sostiene que la Municipalidad celebró contratos con diversas empresas para la entrega de kits alimentarios y la realización de obras de construcción, reparación y mantenimiento de escuelas. Sin embargo, los investigadores detectaron supuestas inconsistencias en los procesos de contratación, entre ellas presupuestos con contenido prácticamente idéntico, documentación incompleta, contratos sin especificaciones suficientes y actas de recepción cuestionadas por directivos de instituciones educativas.

En cuanto a los kits de alimentos, la Fiscalía afirma que la comuna desembolsó alrededor de G. 487 millones a distintas empresas proveedoras con fondos destinados a alimentación escolar. Inicialmente, directores de varias escuelas manifestaron que no habían recibido los kits consignados en las documentaciones administrativas, aunque posteriormente algunas verificaciones incorporadas a la investigación modificaron parte de esa hipótesis respecto a determinados proveedores.

Respecto a las obras públicas, la investigación se centra en contratos para construcciones, reparaciones y mejoras en instituciones educativas, además de trabajos de infraestructura urbana. Las pericias realizadas habrían detectado diferencias entre los montos desembolsados por la Municipalidad y las obras efectivamente constatadas en varios casos.

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que parte de los desembolsos habrían sido canalizados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios municipales o cobrados por terceros, situación que integra la hipótesis de un supuesto esquema de administración irregular de fondos públicos. Por estos hechos fueron acusados exfuncionarios municipales y particulares por presuntos hechos de lesión de confianza, asociación criminal, administración en provecho propio y producción de documentos no auténticos.