Es una derivación de una demanda judicial por rendición de cuentas que planteó la Corte Suprema, por la no transferencia de lo que percibía el Colegio de Escribanos por la venta de materiales propios de uso notarial entre los años 1999 al 2020.

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La denuncia es innominada pero se apunta como presuntos responsables a los expresidentes y tesoreros de la institución, que fueron los mismos en los últimos cinco periodos. “Concretamente nunca depositaron ningún dinero y la denuncia se encuadra en lesión de confianza y apropiación”, indicó.

Gaona explicó que en diciembre comenzaron a preparar esta denuncia, pero necesitaban tener resultados de algunas auditorías.