Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdezy Marlene González imputaron a tres directivos del Banco Central del Paraguay (BCP) detenidos y ampliaron la causa por asociación criminal contra Santiago Peña y Carlos Carvallo por el caso ueno bank.

Desde la Presidencia de la República, de acuerdo con la investigación, Santiago Peña Palacios “habría actuado como jefe de la estructura”, con reuniones clandestinas periódicas en Mburuvicha Róga con Miguel Vázquez (cabeza de ueno bank)”.

El esquema criminal, según la Fiscalía.

Fuente: Fiscalía

Aparentemente, Peña dio directivas públicas e institucionales de no intervenir al banco, “frenando mediáticamente las alertas de insolvencia”, recibiendo como recompensa de forma personal dinero. En su residencia presidencial encontraron USD 200.000 en efectivo y en sobres.

Luego, siendo presidente, consintió “deliberadamente” que el banco insolvente intensifique “agresivas campañas comerciales para captar depósitos de nuevos ahorristas hasta el último minuto”.

Para todo esto, habría contado con la colaboración de entonces directivos del Banco Central, a cuyo titular el mismo puso.

Carlos Carvallo Spalding (ex presidente del BCP)

Su rol fue el de paralizar mecanismos legales y no abrir un proceso de regularización obligatorio dentro de la situación de ueno bank.

También habría mentido al Congreso Nacional, presentando una nota y documentos que ocultaban parte de los dictámenes técnicos que advertían sobre la insolvencia del banco.

Fuente: Fiscalía

Holger Insfrán Ibarrola

Siendo superintendente de Bancos del BCP, habría usado su cargo técnico para blindar a ueno bank, validando operaciones fraudulentas, como la simulada venta de carteras de créditos del banco a Vinanzas SA, el 16 de junio del 2026. Evitó aplicar multas millonarias y no tomó medidas pese a las alertas críticas.

Incluso, llegó a sus manos el memorando de Fernando Rivarola, del 10 de julio del 2026, que advertía la triangulación financiera del holding de ueno bank.

Marco Aurelio González

Siendo miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), entre los meses de junio y noviembre de 2026, el también ex procurador no habría cumplido con su deber de inspección, vigilancia, regularización y protección del sistema financiero.

Intervino –dice la Fiscalía– “de forma directa en la confección y alteración del informe oficial remitido a la Honorable Cámara de Senadores, el 7 de octubre de 2026”.

Conoció las irregularidades de ueno bank, los excesos continuados de crédito millonarias a personas vinculadas y el deterioro de la solvencia patrimonial del banco.

Fuente: Fiscalía

Fechas. El 19 de junio de este año, en la sesión del Directorio del BCP, conoció la situación de la entidad. 10 días después, se enteró a través del memorando que el banco invirtió G. 876.640 millones en sus empresas vinculadas: Red Digital S.A. (Redisa) y Red Digital de Procesamiento SA (Redipro).

Esa plata equivalía al 34,7% del capital neto, “por lo que el banco quedaba en una situación de mayor déficit de solvencia patrimonial”.

Pese a las alertas patrimoniales y a que entre julio y septiembre de 2026 la Superintendencia de Bancos emitió un informe de Hallazgos, que calificó la cesión de cartera a Vinanzas como una “operación prohibida”, Marco Aurelio González no exigió nunca un plan de Regulación obligatorio.

Tampoco dispuso la suspensión de nuevas operaciones para el banco, es decir, que seguía operando “sin restricciones”.

Lo único que hizo González fue ordenar un sumario administrativo en setiembre, a lo que la Fiscalía le consideró como “tardía”.

Grave. El 9 de setiembre, Marco Aurelio recibió un correo, que contenía el informe técnico de Fernando Rivarola (mismo que recibió Holger Insfrán), pero también lo habría ignorado.

La última sospecha es que el informe solicitado por el Senado, fue alterado y reformulado en “dos reuniones reservadas” entre González, Insfrán, Carvallo y el director jurídico Aldo Rodríguez.

En el documento, se suprimieron datos y se incorporaron “afirmaciones que no se correspondían con el informe de la Superintendencia”.

Ahora está imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

Liana Caballero

Fue miembro del Directorio del BCP, desde el 2023, pero hubo un antes y un después en su gestión luego de una reunión del 27 de mayo de 2026 entre Santiago Peña, su jefe el entonces presidente del Banco Central Carlos Carvallo y el hoy ministro de Economía Óscar Lovera.

Fuente: Fiscalía

Ya entre junio y noviembre de 2026, quebrantó supuestamente “de manera notoria sus deberes de inspección, vigilancia, regularización y protección del sistema financiero y del patrimonio del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)”.

En todo ese tiempo también fue informada de las irregularidades que rodeaban a ueno bank y omitió iniciar un plan de regulación obligatorio.

Ella, el 7 de octubre de este año, recibió un borrador del informe que se iba a remitir al Senado, tras el pedido de datos.

Ella consintió la nota, que afirmaba ante el Congreso Nacional que el exceso crediticio de ueno bank fue “subsanado” con la venta de cartera a Vinanzas SA y que suprimía los informes críticos del ex gerente Fernando Rivarola.

Según la Fiscalía, Liana Caballero no nunca promovió que el BCP rectifique o desautorice dicho informe ante el Senado.

Ahora Liana Caballero está imputada por lesión de confianza y asociación criminal.

Miguel Ángel Mora

También miembro titular del Directorio, desde agosto del 2024, teniendo bajo su coordinación las áreas de estudios económicos, gerencia de mercado y comunicación institucional, también habría faltado a su deber legal.

Fuente: Fiscalía

Asimismo, estuvo en la sesión del Banco Central el 19 de junio de 2026, donde se informaron sobre las primeras observaciones técnicas y alertas relacionadas con la situación patrimonial y financiera de ueno bank.

En setiembre del 2026, Miguel Mora ejerció la presidencia interina del Directorio del BCP, en la sesión donde se inició el sumario a directivos de la entidad hoy intervenida.

La Fiscalía dice que pese a que Mora tenía todos los antecedentes del expediente, las conclusiones de los hallazgos, datos de la “operación prohibida”, limitó su decisión al mero sumario, absteniéndose a dictar medidas cautelares.

Miguel Mora ahora está imputado por lesión de confianza, y asociación criminal.

Consecuencias del esquema criminal

Al declararse el 2 de noviembre de 2026 la intervención y cierre de ueno bank, como consecuencia de índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo legal requerido, cada depósito garantizado captado durante ese período de inacción representó un costo incremental adicional para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Además, eso hizo comprometer los fondos públicos y previsionales depositados en la institución (que al 30 de septiembre de 2026 ascendían aproximadamente a G. 3.6 billones y USD 233 millones).

Esto provocó “un grave menoscabo económico directamente vinculado a la conducta de la directiva del BCP”, dice la Fiscalía.